Más politización, menos libertad

Aseguraba Montesquieu que “no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”, y es que la Ley, sometida a un único poder que se encuentre por encima de ella, que la controla, la administra y la aplica, sólo puede tener un nombre: tiranía. El Gobierno, aprovechando la mayor crisis económica, política, moral y social que ha vivido España en su porvenir democrático, aprueba leyes que acabarán con parte de nuestras garantías y derechos fundamentales: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LPOJ), que para el profano en la materia es la que organiza, administra y establece el control de nuestros jueces; y la reforma de la investigación penal, mediante la que el Ejecutivo desea que sea el fiscal quien ejerza la investigación del delito y no un juez, olvidándose (o no) el Ejecutivo que sobre este poder se ejerce un control más férreo al elegirse el fiscal general del Estado discrecionalmente por el Gobierno. Con esta reforma el Ejecutivo consigue su triunfo tan anhelado: entrometerse en la vida privada de los ciudadanos y controlar entre otras cosas el porvenir de nuestra ya debilitada Democracia, y como no de nuestra Libertad.
Con la reforma de la LOPJ los jueces se verán sometidos directamente al control del Ejecutivo a través de las sanciones o decisiones de orden interno, y con la reforma de la Ley de investigación penal los ciudadanos podrán ser investigados directamente por un Ejecutivo que disfrazado de investigador con máscara de fiscal, conseguirá el tan deseado fin que lleva buscando durante más de treinta años de democracia: el control de los jueces.
En un Estado democrático el poder del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial deberían ser tres pilares independientes, el equilibrio entre ellos garantizaría a sus ciudadanos un ambiente de Justicia y de Libertad. Sin embargo, en nuestra Democracia la realidad es bien distinta, pues el Poder Ejecutivo es elegido por el Congreso, y el Congreso (cuyos miembros le deben el asiento a ese Ejecutivo que días atrás ha decidido en un despacho quién va a pasar a formar parte del Congreso), congresistas que no le deben su escaño a la ciudadanía ni a sus virtudes democráticas sino a su amistad con el líder, hacen que en España el Ejecutivo y el Legislativo sean el mismo cuerpo con distinto nombre, y estén ambos controlados por la misma fuente de poder: el partido político.
Esta clase dirigente, cuyo afán de control y de impunidad se ha encontrado con una piedra en el camino, la Judicatura, formada mayoritariamente por profesionales que aman y ejercen su trabajo con vocación, con espíritu de servicio y con sometimiento pleno a la Ley. Nos acechan dos reformas que no agilizan o dotan de medios a la administración de la Justicia, sino que claramente la politizan, la controlan y por ende limitan nuestra Libertad.
Se trata de una reforma de la LOPJ que busca controlar más el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Si se controla la cabeza de la judicatura se controlará así el cuerpo de la misma. En una sociedad en la que el acceso al Tribunal Supremo se debe a una decisión de los miembros del CGPJ, que son elegidos por el Legislativo; en la que los magistrados pertenecientes al Tribunal Constitucional los escoge la clase política; y en la que los TSJ son elegidos por los políticos locales para estar aforados y someterse a ellos, me surgen dudas sobre si existe o no igualdad de armas para un ciudadano que tiene un pleito contra el Gobierno o contra alguien afín a este, o peor aún, qué garantías tendrá este ciudadano si el garante de su legalidad esta tan teñido de colores políticos.
Así pues, tras la reforma en la investigación penal, ésta quedará en manos de un fiscal investigador (para el profano en la materia, hemos de recordar que el fiscal general del Estado es elegido por el Gobierno), la Fiscalía es un cuerpo jerarquizado y opera con circulares internas, me asaltan dudas sobre si podrá ser imparcial aquel que debe de acusar ante unos hechos delictivos a quien le debe su propio asiento, o en su caso, si se podrá investigar libremente soportando el yugo de un Gobierno sobre las espaldas. A todas luches es necesaria una reforma en el procedimiento penal para acabar con procesos que duran hasta 10 años en instrucción, dotar de más medios a las partes para valerse de pruebas y acortar las fases del procedimiento; pero no esta reforma que permite la intromisión del Ejecutivo en un poder que no le incumbe.
Esta reforma dirigida a que la investigación penal quede en manos del Ejecutivo y a hacer que la parte que investiga y que acusa sea la misma, tiñe de colores oportunistas al más fuerte del procedimiento, el Gobierno.  Lejos quedará ese tímido equilibrio de poderes que ha permitido el progreso de nuestro país y nuestro avance como sociedad, en la que la Justicia emanada de los jueces ha velado por que la Ley se aplique sin colores políticos. Sin embargo, la imparcialidad en la investigación del delito supuestamente cometido por un ciudadano al que el Gobierno no considerara leal quedará muy en entredicho. Me pregunto también cómo se investigarán aquellos abusos o delitos realizados por alguien afín al ejecutivo. En definitiva, se abre una nueva época no de avance y crecimiento, ya que quien ejerce arbitrariamente el poder de un estado controlando sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se convierte en jugador y árbitro de un sistema en donde el poder beneficia al poder y deja en indefensión a aquellos humildes ciudadanos que no se ven cobijados en las cúpulas del partido.
Triste reforma penal que el Gobierno desea llevar adelante, aunque espero que la ciudadanía, tan preocupada por subsistir ante la tormenta de la crisis, no cierre los ojos ante un hito tan lesivo para nuestras garantías, porque no sólo es la economía la que ha de preocupar a los ciudadanos, puesto que de nada servirá la prosperidad en una época de oscuridad. “Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada” (Edmund Burke).