La Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER), dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF), es la encargada de ejecutar la repatriación de aquellos extranjeros cuya expulsión o devolución ha sido resuelta por la autoridad competente. Pues bien, el año pasado se repatriaron a Marruecos vía Ceuta a un total de 1.219 extranjeros, según recoge el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura elaborado por el Defensor del Pueblo. La institución dirigida por Soledad Becerril también recaba los datos de los traslados realizados a través de la ciudad hermana de Melilla (18) y las repatriaciones realizadas en vuelos internacionales, en vuelos Frontex y a Argelia en barco. Así hasta un total de 2.626 repatriados en 179 operaciones en doce meses.
En cuanto a todo los relacionado en materia de inmigración, el Defensor del Pueblo nuevamente se basa en los datos facilitados por el Ministerio del Interior. Así, el pasado año se registraron 2.542 entradas irregulares a través de Ceuta. En el conjunto del país, fueron 14.558 entradas irregulares, esto es, por puestos no habilitados, en su mayoría por llegadas en pateras a las costas andaluzas, aunque también llegaron a través de Melilla y las islas Canarias y Baleares. El Defensor del Pueblo destaca que se ha producido un descenso en el número de estas llegadas, dado que en 2015 se registraron 16.851.
De las llegadas de inmigrantes a nuestra ciudad 2.298 ingresaron en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y de 1.731 inmigrantes se hicieron cargo las ONGs colaboradoras.
Visitas e inspecciones
La institución recomendó a la Dirección General de la Policía que en los vuelos de repatriación se realizara siempre un reconocimiento médico de forma expresa y previa a todo ciudadano extranjero que fuera a ser expulsado y que se estableciera un mecanismo de reclamación para las personas que entendiesen que se habían vulnerado sus derechos fundamentales.
En su actividad como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Defensor del Pueblo realizó 101 visitas a lugares de privación de libertad y efectuó 352 resoluciones en 2016.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura inspeccionó cuarteles de la Guardia Civil, comisarías de la Policía Nacional, local y autonómica, calabozos de edificios judiciales, salas de inadmitidos y de solicitantes de asilo en puestos fronterizos, centros de internamiento de extranjeros, cárceles, centros para menores infractores, centros sociosanitarios y unidades de custodia hospitalaria, además de supervisar traslados de extranjeros.
En Ceuta visitó las instalaciones del puesto fronterizo del Tarajal y la Compañía Fiscal de la Guardia Civil donde giró visita de seguimiento y comprobó que se habían ejecutado algunas obras de mejora en las instalaciones, según recoge el propio informe.
En un pequeño apartado del informe, el Defensor del Pueblo detalla los arrestos que se produjeron el pasado año en los llamados ‘Establecimientos disciplinarios militares’ (EDM). En Ceuta se registraron 25 casos, 24 de hombres y una mujer.
Por último, dentro de las referencias a nuestra ciudad en el informe, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura señala la denuncia, caso que sigue abierto, de un hombre solicitante de protección internacional que asegura haber sufrido una agresión policial en nuestra ciudad. “Según manifestaba este ciudadano, fue abordado por varios agentes de la Policía Nacional, uno de los cuales le agredió en la cara y le conminó a irse de la zona de ocio nocturno por la cual deambulaba”.
Población reclusa en el centro de Los Rosales
En el informe también se recogen las visitas realizadas a los centros de privación de libertad y se recaban los datos de la población reclusa en nuestro país. En el caso de Ceuta, el pasado año había en el Centro Penitenciario de Los Rosales, un total de 193 internos, de los que 67 son preventivos y 126 penados. De los primeros, 61 son hombres y seis mujeres. De los segundos, 120 son hombres y seis mujeres.
En el documento, se precisa que para elaborar este informe y para examinar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y comprobar que se garantizan sus derechos fundamentales, la institución mantiene entrevistas individuales y reservadas con las personas internadas, con la dirección y el personal de los centros visitados, y examina instalaciones, registros, documentación y sistemas de videovigilancia.
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