Más cerca de la entrega de llaves

Los ciudadanos que el pasado 22 de diciembre resultaron agraciados con uno de los 'premios gordos' del sorteo de Loma Colmenar, están más cerca de ocupar por fin sus viviendas.

La Comisión Local de la Vivienda acordó en su reunión de ayer la publicación de las listas provisionales de adjudicatarios y excluidos de los cupos general y de alojamiento alternativo. La conclusión de este trámite, uno de los aún quedan antes de llegar a julio, hace más factible que en ese mes se pueda llevar a cabo la entrega de las llaves. Ése es el plazo que se ha marcado el Gobierno local para que sean definitivamente ocupadas por sus moradores las viviendas de Loma Colmenar.
La lista de adjudicatarios provisionales acapara todo el protagonismo en este proceso mientras que la otra, la denominada 'lista fantasma' continúa su tramitación en los juzgados con el objetivo de establecer las responsabilidades y determinar las correspondientes sanciones si hubiera lugar a ello.
Entre tanto, se abre el correspondiente plazo para la presentación de recursos tras la publicación de la lista de adjudicatarios provisionales, que deberán quedar resueltos antes de proceder a darles de categoría de definitivas. Son plazos que obligan a una espera que puede resultar tediosa para quienes llevan años esperando a poder disponer de una vivienda. Sin embargo, son los trámites a los que obliga la ley para garantizar que la asignación de estas casas financiadas con dinero público tienen como beneficiarios a personas que cumplen con todos los requisitos establecidos en las bases.
No obstante, el lento desarrollo de proceso indica que es conveniente cambiar el procedimiento para hacerlo más ágil, aunque garantizando en todo momento los derechos tanto de los ciudadanos que resulten adjudicatarios de las viviendas como de quienes deseen plantear reclamaciones porque consideren que se puede haber vulnerado sus derechos.
No hay que olvidar que mientras que las viviendas están a la espera de recibir a sus inquilinos, su conservación y vigilancia tiene un coste para las arcas públicas.