Marruecos pide datos de sus menores no acompañados

España y Marruecos atraviesan meses de debates en torno a qué hacer con los menores que llegan al país tras burlar las fronteras marítimas y terrestres con el vecino, en el caso de Ceuta y de Melilla. El Ministerio de Interior ha mantenido varias reuniones en España y en Marruecos para abrir la posibilidad de garantizar las devoluciones a su país de origen, rebajando así la presión que viven muchas comunidades debido al repunte notorio de la llamada inmigración infantil.

El primer dato objetivo lo ha dado esta semana el diario El País al desvelar el encuentro mantenido entre Karima Benyaich, embajadora de Marruecos, y Khalid Zorouali, director de migraciones y vigilancia de las fronteras de ese país, con representantes del Ministerio de Interior y de la Comunidad de Madrid. El encuentro se centraba en el interés por tener información de los menores no acompañados que están acogidos en los centros de esta comunidad. Fue una cita fijada a finales del pasado febrero que ahora se ha hecho pública y que vendría a suponer el primer encuentro formal para debatir, ya sobre el terreno, la posibilidad de devolver a menores que hayan sido identificados plenamente y que sean entregados a sus familias de origen.

Empiezan con Madrid pero la idea es extender este plan de actuación a todos los demás puntos del país, siempre atendiendo al interés del menor y siempre que su familia haya sido localizada con todas las garantías.

El propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido siempre su postura de acercamiento con Marruecos, país a cuyos dirigentes quiso ensalzar explícitamente en Ceuta, con todo lo que esto conlleva. Nunca se ha obviado el trabajo que se está haciendo para conseguir que la mayoría de estos menores regresen a su país.

Marlaska, en su visita a nuestra ciudad, fue informado de la situación de presión que se registra en Ceuta, algo que su departamento también sabe por boca de la propia presidenta de Puertos del Estado que llegó a enviar una carta oficial al Ministerio reclamando una actuación urgente y específica para la ciudad autónoma.