MAP
El gobierno de Marruecos perseguirá judicialmente a ciudadanos marroquíes que viven en el extranjero por practicar "el ultraje y la difamación" a funcionarios públicos marroquíes.
La denuncia contra estas personas -cuyas identidades no se precisan- partió de tres instituciones de seguridad y espionaje: Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN, policía), la de Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST, espionaje) y la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED, contraespionaje).
La denuncia fue depositada ante el fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Rabat.
En un comunicado conjunto, las tres instituciones subrayan que la denuncia es contra "individuos que residen en el extranjero" acusados de "ultraje a funcionarios públicos durante el ejercicio de su misión y contra instituciones", así como de "difamaciones y difusión de falsedades".
La nota no aporta ningún detalle sobre la identidad de las personas afectadas por estas denuncias, que pueden referirse a opositores muy activos en las redes sociales y que residen en distintos países de Europa y América del norte.
Tampoco precisa cuál será el mecanismo judicial en el extranjero que permita dar curso a estas denuncias, teniendo en cuenta que hay varios países y marcos jurídicos implicados.
La misma fuente indicó que esta denuncia entra en el marco del derecho de ejercer una acción ante los tribunales garantizada para las instituciones del país, y del principio de 'protección del Estado' garantizado a los funcionarios de seguridad tras "las agresiones verbales proferidas en su contra durante el ejercicio de su misión, y la multiplicación de actos de ultraje".
Un comunicado conjunto de las tres instituciones de seguridad indica que la presentación de esta denuncia a las autoridades judiciales competentes se da en el marco del ejercicio del derecho a demandar garantizado a estas instituciones y la implementación del principio de 'Protección del Estado', aseguró a los agentes de seguridad, tras los ataques verbales en su contra durante el ejercicio de sus misiones, y el aumento de los actos de difamación y desacato cometidos por los denunciados.
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