Las
autoridades marroquíes no han remitido a España ninguno de los “más de 700” informes que le ha requerido la
Delegación del Gobierno de Ceuta sobre la situación que tenían o se encontrarían de vuelta al otro lado de la frontera otros tantos
menores migrantes no acompañados llegados a la ciudad autónoma en mayo, lo que de hecho hace imposible la incoación de ningún expediente de repatriación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Extranjería. Según las fuentes consultadas por este periódico, la institución de la Plaza de los Reyes ha solicitado dictámenes tanto de los niños y adolescentes que permanecen en Ceuta, 360 acogidos por la administración local según indicó el presidente
Vivas el pasado lunes, como de otros que fueron reseñados en la ciudad, aunque actualmente ya hayan sido trasladados o hayan cruzado irregularmente el Estrecho. “Esta ha sido siempre la actitud habitual del país vecino, que únicamente mostró disposición de colaborar activamente en agosto”, han referido esas mismas fuentes sobre el intento de aplicar un procedimiento exprés al margen de la legislación española que fue abortado por la Justicia tras la devolución de 55 chavales.
El Área de Menores sí ha remitido ya a la Delegación “más de 200” informes sobre otros tantos chicos.
Situación familiar en origen y cualquier otra información
La delegada del Gobierno solamente puede acordar la incoación del procedimiento de repatriación de un menor a la luz de dos informes: uno de la representación diplomática del país de origen del joven sobre sus “circunstancias familiares” y otro del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad que dé cuenta de “cualquier información sobre la situación del menor”. Los primeros han de recabarse a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, aunque la Delegación ha intentado “todas las vías posibles” para intentar recibir respuesta desde el país vecino, hasta ahora sin éxito alguno. A la luz de ambos dictámenes y velando por el interés superior de cada niño, la delegada debe decidir si en cada caso la mejor solución es “la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen”.