Los efectivos de la policía marroquí han arrestado este miércoles a un supuesto terrorista acusado de pertenecer al Estado Islámico (EI) que preparaba planes para atacar a personalidades marroquíes y a ciudadanos extranjeros en el país magrebí.
La Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ, órgano antiterrorista) ha indicado en un comunicado, recogido por la agencia oficial MAP, que el sospechoso, de 27 años, fue arrestado en el municipio de Allogoum, en el distrito de Foum Zquid, en la provincia sureña de Tata.
Según los primeros indicios de la investigación, el arrestado descargó y colectó contenido digital de sitios extremistas para informarse sobre los productos que están en el mercado y que sirven para la fabricación de explosivos artesanales, con el objetivo de "usarlos en operaciones terroristas recurriendo a un coche bomba".
El hombre planeaba supuestamente atacar a extranjeros en Marruecos, a algunos altos responsables políticos y de seguridad, así como atentar contra establecimientos gubernamentales, bancos y edificios sensibles cuyas fotos descargó de internet.
Las investigaciones de las autoridades marroquíes indican que el detenido preparaba sus planes "en coordinación con un extremista activo en el extranjero que tiene vínculos con atentados terroristas perpetrados en Europa", han explicado la nota sin dar más detalles.
La misma fuente añade que el supuesto extremista también se encargaba de adoctrinar y reclutar a nuevos adeptos para la ejecución de su plan terrorista.
Al registrar el domicilio del detenido, los efectivos marroquíes se incautaron de diversas cantidades de sustancias que sirven para la fabricación de explosivos (azufre, polvo de carbón y fertilizante), además de un balanza electrónica, material informático con tutoriales sobre la fabricación de explosivos, un póster de contenido extremista y un manuscrito en forma de testamento en el que el sospecho amenaza con operaciones terroristas.
Cabe recordar que la Justicia marroquí abrió durante 2020 un total de 126 procesos judiciales contra personas acusadas de terrorismo, un retroceso del 60 por ciento frente al año anterior.
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