El Tribunal de Apelación de Tánger notificó a las abogadas de la activista de los Derechos Humanos Helena Maleno el archivo final de este caso. Acusada de delitos tipificados como tráfico de seres humanos y favorecimiento de la inmigración irregular, se podría haber enfrentado a una condena de cadena perpetua. Maleno ha confirmado la noticia en su perfil de twitter y ahora emprenderá las acciones oportunas para recuperar algunos derechos perdidos durante esta causa judicial, como ha sido la pérdida del permiso de residencia para ella y sus familiares en el país alauita. "En este tiempo he aprendido que son momentos muy duros para las defensoras de derechos humanos que estamos siendo perseguidas y criminalizadas, que Europa se ha convertido en un continente muy peligroso para las personas que defendemos derechos de personas migrantes", asegura Maleno en su mensaje, que concluye con palabras de agradecimiento para todas las personas que le han ayudado y apoyado, "porque defender el derecho a la vida no es un delito". Recordar, que a lo largo de quince meses ha tenido que comparecer en varias ocasiones ante el juez marroquí y que en junio del año pasado el Gobierno confirmó que envió a Marruecos el informe de la Policía Nacional que sirvió para abrir en España la causa judicial contra Helena Maleno, la cual también acabaría siendo archivada.
Así lo confirmó la respuesta del Gobierno a Jon Iñarritu, senador de Bildu, quien a partir de una pregunta parlamentaria solicitó información sobre un planteamiento que el anterior Ejecutivo había negado hasta en dos ocasiones: el envío a Marruecos, que ahora juzga a Maleno por “tráfico de personas”, de informes realizados por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional sobre Maleno.
El Ejecutivo informó de que, en el marco del auxilio judicial internacional, a principios del año 2016 la UCRIF Central, en su condición de Policía Judicial (auxilio a Jueces y Fiscales), cumplimentó lo ordenado por una autoridad judicial nacional (el Juzgado de Instrucción número 38, de Madrid), quien, a su vez, recibió el correspondiente requerimiento de una autoridad judicial de Marruecos (Tribunal de Apelación de Tánger). Igualmente, a lo largo del citado año 2016, la UCRIF también remitió varios informes a las fiscalías de Extranjera y de la Audiencia Nacional, alguno ampliatorio al requerido por las autoridades judiciales anteriormente mencionadas.
La respuesta rectifica las anteriores versiones del Gobierno de Mariano Rajoy, que hasta en dos ocasiones aseguró “no tener constancia” de ello