Marruecos abre una investigación sobre la filtración de datos judiciales

La fiscalía marroquí ha abierto una investigación sobre las informaciones que circulaban sobre un presunto ataque cibernético contra la cuenta del Consejo Superior del Poder Judicial en el país vecino y la filtración de documentos con datos personales de jueces del reino alauita.

El fiscal general del Tribunal de Apelación de Rabat informó este pasado martes de que ordenó abrir una investigación judicial “sobre las informaciones que circulan en las redes sociales acerca del hackeo del sitio web del Consejo Superior del Poder Judicial y la publicación de dos documentos administrativos atribuidos al consejo”, según un comunicado.

La misma fuente añade que la investigación fue encomendada a la Brigada Nacional de la Policía Judicial de Marruecos.

En referencia a este asunto, varios medios marroquíes informaron sobre este ataque cibernético que atribuyeron a un grupo no identificado de hackers que lleva el nombre de “Jabaroot”.

Anunciado en una cuanta de Telegram

Los medios dicen que este grupo de ciberdelincuencia anunció en su cuenta en Telegram que posee datos personales y confidenciales relacionados con los datos del ministro de Justicia, Abdelatif Uahbi, así como de 5.000 magistrados y 35.000 responsables del sector judicial del país vecino.

Asimismo, ninguna fuente oficial ha podido confirmar, hasta el momento, la identidad de los hackers que llevaron a cabo este hecho delictivo.

El mismo grupo reivindicó el pasado abril un ataque cibernético masivo que afectó entonces al Ministerio marroquí de Empleo y a la institución de seguridad social CNSS y que acabó con la filtración y publicación de los datos personales (salarios, datos bancarios, correos electrónicos y número del DNI, etc) de casi dos millones de asalariados del reino alauita, entre ellos altos cargos empresariales.

Según expresan desde los medios marroquíes, esta investigación “se enmarca en el compromiso de las autoridades judiciales de garantizar la protección de los datos oficiales y la confidencialidad de los documentos administrativos, así como de combatir todos los actos que puedan socavar la credibilidad de las instituciones constitucionales y la seguridad de sus sistemas de información”.