Los marroquíes rechazan el pasaporte de vacunación obligatorio y critican la privación de derechos básicos

En las últimas horas ha tomado más fuerza si cabe una creciente oposición ante la decisión del gobierno marroquí de imponer un "permiso de vacunación", o pasaporte COVID como se ha denominado en europa, a los ciudadanos a cambio de permitirles el derecho a acceder a las instituciones y espacios públicos y para moverse dentro y fuera del territorio nacional, ya que los activistas marroquíes han lanzado una campaña de recogida de firmas para exigir la revocación de esta decisión.

Se trata de una petición firmada por unos 30.000 ciudadanos en el sitio web de peticiones internacionales "Avaaz" hasta el mediodía de este viernes, y que surge para criticar esta medida del gobierno, que "expondría a millones de marroquíes a ocasionarles molestias, el riesgo de no incorporarse a sus puestos de trabajo, el imposibilitamientode acudir a los centros de salud por necesidades médias, el acceso al transporte público o el disfrute de otros derechos básicos".

Los firmantes de la petición interactiva consideran que "dividir a los ciudadanos sin previo aviso entre vacunados y no vacunados es poco probable que logre los objetivos de seguridad sanitaria en la lucha contra el COVID-19". Además, afirman que esto constituye una amenaza “para no seguir el ritmo del nuevo pacto social aprobado por el Rey, que permitió a todos los ciudadanos y residentes marroquíes en Marruecos beneficiarse de la vacunación gratuita y la hizo opcional”.

La petición insta al gobierno a "revisar esta decisión y fijar un período de preaviso, o suspenderla por un período de dos meses para permitir que los ciudadanos que deseen vacunarse lo hagan en un plazo claro y definitivo para que todos asuman su responsabilidad”.

Por su parte, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos se ha pedido a las autoridades del país que "anulen de inmediato la decisión de adoptar el pasaporte de vacunación para el movimiento entre trabajadores y regiones y la entrada en instituciones públicas y privadas". La asociación considera  la decisión como "una prohibición de derechos y una restricción de libertades al imponer la permisibilidad de la vacunación, lo que afecta derechos constitucionales fundamentales".

Y todo porque este pasado jueves entró en vigencia una decisión gubernamental que exige la presentación de un documento denominado “pasaporte de vacunación” como condición para el movimiento entre trabajadores y regiones, y el ingreso a instituciones públicas y privadas, hoteles, cafés y otros.