Márquez defiende la gestión de los populares en las cuentas públicas

El consejero de Hacienda y Recursos Humanos y parlamentario por Ceuta, Francisco Márquez, manifestó ayer que el PP “lleva incorporado en su ADN estructural que las cuentas públicas se rijan por el equilibrio”. Esta afirmación la realizó en una charla que tuvo lugar en la sede del PP sobre la reforma constitucional, donde recordó que este principio de estabilidad en las cuentas públicas lo incorporó ya el ex presidente José María Aznar con la Ley de estabilidad presupuestaria.
Márquez explicó los motivos de la reforma, el contenido esencial, el procedimiento, las críticas, las consecuencias para Ceuta y el futuro.
En lo que se refiere a los motivos, Márquez manifestó que la reforma del artículo 135 de la Constitución “no fue una decisión caprichosa” y que tampoco estaba incluida en los programas electorales de ninguna de las formaciones políticas. En este punto, dijo que los motivos fueron la situación económica y financiera, la desconfianza internacional y la presión de los socios de la UE como Francia y Alemania.
Márquez también habló de cómo afectará esta reforma a Ceuta, y dijo que cuanto mejor vayan las cuentas públicas del Estado, más estabilidad tendrá nuestra financiación.
En cuanto a las críticas recibidas, Márquez dijo que fue ‘express’ porque las circunstancias lo pedían y que esto no es negativo sino necesario. Además, manifestó que no fue ocultista debido a que se dio cabida a todos los grupos políticos. También quiso dejar claro que la consulta al pueblo “no era necesaria”, pero que sí lo era “actuar deprisa”. Por último, en cuanto a las críticas a cerca de la “sumisión a los mercados” o del “intervencionismo franco-alemán”, manifestó que “la globalización es un hecho y la internacionalización de los mercados ha venido para quedarse”, además recordó que España pertenece a la UE.
Márquez también fue crítico con el Gobierno de la Nación, recordando los recortes llevados a cabo por este, como las pensiones, los 400 euros, el cheque bebé o la reducción salarial del 5 por ciento para los empleados públicos.