Márquez, en el banquillo acusado de encomendar a dedo las obras del Mercado de San José

El que fuera diputado por Ceuta entre 2011 y 2015, Francisco Márquez, se sentó ayer en el banquillo para responder de un posible delito de prevaricación administrativa que se produjo en 2017 cuando ejercía como gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa). Ese año encomendó, supuestamente, a la empresa Dragados la ejecución de unas obras en la planta baja del mercado de San José, donde ya se estaba acometiendo la reforma de la tercera planta del inmueble con el fin de adecuarla como oficinas para la Administración.

La adjudicación de la planta baja del mercado vulneraba, según recoge el escrito de acusación, las disposiciones reguladoras de la contratación administrativa al haberse adjudicado, presuntamente, de manera verbal en el transcurso de una visita que habría efectuado Márquez al mercado, impidiendo así la concurrencia de otras empresas a este nuevo contrato de obras.

Además, el Consejo de Administración de Emvicesa aprobó un reconocimiento extrajudicial de deuda por valor de 410.441 euros, cantidad en la que se tasó la obra de mejora de la planta baja del mercado.

De ser declarado culpable, Márquez se enfrenta a una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

En su defensa, Márquez alegó que los técnicos redactaron un modificado del proyecto original (que abarcaba la tercera planta, los elementos comunes y la fachada) para acometer esta segunda obra, debido a las condiciones de la zona y al tratarse de un “compromiso” adquirido por el Partido Popular con la ciudadanía.

Señaló que, finalmente, por cuestiones “técnicas, jurídicas y económicas”, no se llevó a cabo la aprobación de dicho modificado, por lo que se hizo necesario redactar un nuevo proyecto al que sí se le dio luz verde y que no tuvo repercusión económica alguna.

El acusado negó en todo momento haber encargado de manera verbal las obras de la planta baja del mercado y alegó que su cargo de gerente de Emvicesa no tenía competencia como órgano de contratación, tarea encomendada únicamente al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda.

Márquez reconoció que una vez iniciadas las obras en la tercera planta del inmueble (aquellas que recogía el proyecto original) la Gerencia de Emvicesa solicita a Dragados que amplíe su actuación e intervenga en los bajos del edificio. Para ello entregan a la adjudicataria el proyecto inicial con el encargo de redactar un modificado e iniciar así el procedimiento de contratación. Finalmente el proyecto no salió adelante.

A la vista oral estaban citados varios técnicos de Emvicesa, entre ellos la jurídico de la sociedad municipal, cuyo testimonio sirvió para aclarar que las obras se acometieron sin una contratación previa y que por ello fue necesario aprobar un reconocimiento extrajudicial de deuda por valor de 410.441 euros. Un informe elaborado por esta testigo recomendaba no contratar obras por el procedimiento de negociado sin publicidad ya que el importe de la nueva obra superaba el 20% del contrato original (cifrado en 980.000 euros), condición que exige un sistema de contratación o de subasta. Pese a dicho documento, las obras se llevaron a cabo, tal y como se indicó durante la vista oral.

El testimonio de la jurídico fue corroborado por un técnico de Emvicesa al indicar que las obras en la planta baja se iniciaron cuando ya habían comenzado las de la zona superior y sin que hubieran sido aprobadas previamente, por lo que fue necesario realizar la aprobación del reconocimiento extrajudicial de deuda.

Los dos representantes de Dragados que testificaron en la vista oral tampoco arrojaron luz sobre el asunto al no aclarar de donde procedió el encargo de ampliar la actuación a la planta en la que se sitúa el mercado de abastos, pero sí aclararon que su ejecución debía hacerse de manera independiente y no como un proyecto complementario, tal y como defendió el acusado.

Sí hubo, en cambio, quien tenía claro que tras la encomienda de la segunda obra en el edificio del Mercado de San José no se encontraba Márquez y apuntó hacia la persona que tomó su relevo al frente de la sociedad municipal: Antonio López. Así lo señaló uno de los técnicos de Emvicesa al declarar no tener constancia de que fuera el exdiputado quien diera la orden de iniciar la obra y que por la fecha en que se produjo esta encomienda, era López quien dirigía la entidad municipal.

En la misma línea se manifestó la entonces consejera de Asuntos Sociales, Carolina Pérez, al asegurar que en el momento en que se llevó a cabo la aprobación del reconocimiento extrajudicial de deuda el responsable de Emvicesa era López y no Márquez.

Pérez asistió a la vista oral en calidad de testigo y no de imputada, después de que el Ministerio Fiscal anunciara el sobreseimiento de las actuaciones que afectaban, tanto a la exconsejera como a Guillermo Martínez y Juan Manuel Doncel, todos ellos miembros del Consejo de Administración de Emvicesa que votaron a favor del reconocimiento extrajudicial de deuda.