El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes, 20 de noviembre, a
Marruecos en un intento de pactar con Rabat otros mecanismos de repatriación de sus nacionales y de estudiar cómo reforzar el
control marroquí de las costas atlánticas. La visita tiene lugar en pleno pico de la crisis migratoria en las Islas Canarias, donde este año se han registrado 18.000 llegadas irregulares de emigrantes, la mitad de ellos solo en el último mes. Precisamente a las islas acudirá otro representante del Gobierno central, en este caso el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el mismo día. Aunque el Gobierno español no facilita detalles sobre las nacionalidades de los llegados, se calcula que la mitad de ellos son marroquíes, por lo que la visita de Marlaska se ve como un intento de pactar con Rabat nuevos mecanismos de repatriación de sus nacionales y de estudiar cómo reforzar el control marroquí de las costas atlánticas.
Presión migratoria al sur de Marruecos
La presión migratoria, que se concentraba tradicionalmente en las costas del Estrecho y del Mediterráneo, se ha desplazado hacia las costas del sur de Marruecos, y sobre todo del Sáhara Occidental, donde se han trasladado tanto los candidatos a la emigración como a las mafias que los trasladan, según coinciden todos los expertos. Las estrictas medidas de confinamiento decretadas en Marruecos contra el coronavirus entre abril y junio supusieron una drástica bajada de la salida de pateras hacia España, pero en el momento en que se levantaron las restricciones, a partir del verano, se dispararon esas salidas. Con Mauritania, otro país de partida de la "ruta canaria", España tiene un mecanismo bien "engrasado" de vuelos de repatriación: cuando se considera que un emigrante irregular ha llegado a Canarias a partir de la costa mauritana, el país magrebí acuerda recibirlos de vuelta en vuelos de repatriación.Marruecos se precia de ser uno de los pocos países africanos con una estrategia de emigración que ha permitido regularizar documentalmente a unas 50.000 personas, pero la doble crisis de la sequía y la pandemia ha supuesto un duro golpe para la economía informal, donde generalmente esta población encuentra empleo, y ahora un buen porcentaje de ellos ha pasado a la ilegalidad.