El único español que ha sido miembro del Consejo de Derechos del Niño de la ONU, el catedrático de Derecho Internacional Jorge Cardona, ha advertido este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez que está “obligado” a atender la petición de Naciones Unidas de suspender cautelarmente
las devoluciones de menores migrantes solos desde Ceuta a
Marruecos. A su juicio, “o la Abogacía del Estado está haciendo filibusterismo jurídico o hay que quitarles el título de licenciados en Derecho, como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por defender que un Acuerdo bilateral puede estar al margen de la legislación y la Convención de Derechos del niño”. Cardona ha remarcado que las medidas cautelarísimas planteadas por el Comité el lunes, cuando atendió la petición de diez niños marroquíes para no ser expulsados, “son obligatorias jurídicamente, como dice el III Protocolo de la Convención, y si no las respeta incurre en responsabilidad: si somos un Estado de Derecho hay que respetar las leyes”. “El Comité ha considerado que en los diez casos existía un riesgo grave de daño irreparable a esos niños en caso de ser expulsados, situación que en realidad es la misma con los otros 700 menores acogidos en Ceuta desde mayo, pero España ya ha devuelto a cinco y podría ser declarada responsable internacionalmente por haberlo hecho”, ha añadido.
El catedrático de la Universidad de Valencia, que formó parte del Comité entre 2010 y 2018, ha subrayado que “muchos de los niños llegados a Ceuta estaban siendo sometidos a la prostitución por su entorno familiar, eran objeto de violencia o abusos sexuales, vivían en la mayor de las indigencias… No jugaban en la calle y decidieron cruzar la
frontera sin más, sino que querían huir de su realidad”. En ese marco, Cardona no entiende la tesis de Interior y el Gobierno de Ceuta para defender las repatriaciones al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería y el resto de la legislación nacional e internacional. “O la Abogacía del Estado está haciendo filibusterismo jurídico o hay que quitarles el título porque ningún estudiante de cualquier Facultad de Derecho aprobaría diciendo esa barbaridad”, ha opinado. Desde su punto de vista “es un disparate jurídico considerar que un Acuerdo bilateral entre España y Marruecos puede ir en contra de un Tratado de Derechos Humanos: es el mayor disparate que pueda escucharse, como decir que hay circunstancias excepcionales que permiten saltarse la Convención buscando el interés superior de los menores”.
“Es cierto que Ceuta está sufriendo una situación de estrés por la masiva entrada de inmigrantes de mayo y lo que hay que hacer es buscar soluciones extraordinarias respetuosas con los Tratados internacionales, como repartir a los niños entre las distintas autonomías porque da la impresión de que se trata a la ciudad como si no fuese España, como si tuviera que quedarse sin solidaridad del resto del Estado, que debe asumir la responsabilidad de forma colectiva”, ha reivindicado. Para Cardona, “cualquier persona con un mínimo de sensibilidad hacia el respeto de los derechos no puede entender la postura que ha adoptado el Gobierno de mantenerse en su postura equivocada sin echarse atrás queriendo defender algo sin pies ni cabeza: parece mentira que Grande-Marlaska haya sido juez, porque defendiendo esa postura habría que quitarle el título de licenciado en Derecho”.
La función “judicial” del Comité
Según Cardona, el Comité de Derechos del Niño tiene “varias funciones”. Por un lado, cada cinco años, la última vez en 2018, todos los Estados del mundo tienen que presentarse ante él “a explicar cómo aplican la Convención y a recibir recomendaciones sobre cómo hacerlo mejor que España ha atendido por ejemplo con la elaboración de la Ley Integral de Violencia contra la Infancia”. También tiene otra faceta “judicial”, la de “poder conocer casos individuales concretos en los que un niño o sus representantes entienden que se ha violado la Convención y demanda a un Estado, ante lo que puede adoptar medidas provisionales, como en el caso de Ceuta, para evitar daños irreparables, y dar un plazo para responderse mutuamente antes de emitir un dictamen, concluir si ha habido o no violación de la Convención, que forma parte del Derecho español, y recomendar reparaciones en forma de indemnizaciones, repetición de juicios, etcétera, que se pueden seguir de un modo u otro”. El catedrático ha señalado que con las devoluciones de menores “el Comité hasta ahora se ha limitado a decir que, mientras define, aprecia un grave riesgo de daño irreparable porque aquí lo importante no es si los niños deben o no ser repatriados, sino el procedimiento a través del cual se hace: que existan expedientes individuales, que se conozca el interés superior para cada uno sin decisiones colectivas…”.