Una de las cuestiones que deberá plantearse el Gobierno de Ceuta cuando se llegue a lo que se denomina como la nueva normalidad será qué hacer con la responsabilidad que tiene de los nombramientos de los directores provinciales del SEPE y del Imserso, ahora mismo en manos de personas de la absoluta confianza de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos.
De acuerdo con la legislación vigente en tres cargos concretos del organigrama de la Administración General del Estado es el presidente de la Ciudad Autónoma quien designa a los responsables del SEPE, Imserso y Autoridad Portuaria. Una capacidad absoluta a la hora de señalar a las personas y por parte de los distintos Ministerios competentes lo único que queda es su ratificación sin poder poner ningún tipo de trabas.
Sin embargo, sucede que tras el pacto no escrito entre el Partido Popular y el PSOE tras las elecciones autonómicas de junio del pasado año resulta que, por un lado, en el caso de la Ciudad Autónoma se produjo el nombramiento de coordinadores de barriadas y del director gerente de RTVCE por parte del grupo parlamentario socialista.
Mientras que en el caso de ese entendimiento con los socialistas, pero a nivel de Delegación del Gobierno (ya sabemos que las relaciones entre la delegada y el secretario general del PSOE no existen) no se puso ningún reparo en que el presidente Vivas propusiera a los ministros de turno a las personas que decidió Salvadora Mateos para los cargos de directores provinciales del SEPE y del Imserso.
En todas las informaciones recogidas en el mes de septiembre del pasado año se establecía que eran personas de la absoluta confianza de la delegada del Gobierno. Ambos provenían del propio Ministerio de Educación.
Pues bien, a los pocos meses se produjo la ruptura total de las relaciones entre socialistas y populares en la Ciudad Autónoma. Ello conllevó el cese automático de todos los coordinadores de barriada que fueron nombrados por los socialistas y meses después vino el cese del director gerente de la radiotelevisión pública.
Sin embargo, no existió ninguna reacción para los cargos nombrados por la delegada cuando son responsabilidad directa del presidente de la Ciudad. En el caso que nos ocupa propuso a quienes indicó la máxima responsable de la Administración General del Estado en nuestra ciudad.
Han pasado los meses y las relaciones entre la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno no pasan por su mejor momento. Es una realidad, aunque ninguna de las dos instituciones quiere dar carta de naturaleza a un entendimiento que brilla por su ausencia, no sería normal que por parte del Gobierno autonómico en particular y en el Partido Popular en general se continúe permitiendo que dos puestos que son de su responsabilidad estén en manos de personas cercanas a la Delegación.
Sería, desde luego, un sinsentido que no se entendería desde el punto de vista político. Aunque la lealtad institucional es uno de los principios preferentes del presidente Vivas está claro que tampoco debe renunciar a los derechos que le asisten y que en realidad estas dos personas sean de su absoluta confianza, no de la confianza del PSOE. Y más en unas competencias como el SEPE o el Imserso, de vital importancia y más en una ciudad como la nuestra.
Cosa distinta es que funcionarialmente tengan dependencia de la Delegación del Gobierno por ser servicios de la Administración General del Estado. Al igual que ocurre con la Presidencia de la Autoridad Portuaria donde quien está al frente del mismo es una persona que sí realmente es de la confianza del Gobierno autonómico como es Juan Manuel Doncel aunque tenga una dependencia de la Delegación como es lógico.
Todos sabemos que Doncel si es una persona que al igual que despacha con Mateos también lo hace lógicamente con el presidente de la Ciudad Autónoma. Tendríamos que preguntarnos cuantas veces los directores provinciales del SEPE y del Imserso tienen reuniones con los máximos responsables de la Ciudad Autónoma. A buen seguro, que pocas jornadas de trabajo habrán realizando en los meses que llevan con Vivas por no decir que ninguna.
Por tanto, aunque se puede alegar que llevan muy pocos meses en el cargo, lo cierto es que esta deficiencia desde el punto de vista político no tiene más remedio que solucionarla lo más pronto posible el Gobierno autonómico.
Sin dejarnos de lado, por supuesto, el desprecio que está significando el Gobierno de Pedro Sánchez hacia la Administración autonómica. No solamente con los pagos pendientes sino también con todo lo relacionado a la no respuestea a todas las peticiones que le hacen continuamente.
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