Hasta 48 entidades españolas han firmado un manifiesto en el que se señalan las posibles irregularidades en las
devoluciones a Marruecos de los inmigrantes que llegaron a Ceuta el miércoles y piden pruebas del ministerio de Interior para demostrar que el operativo cumplió con la legalidad vigente y respetó los Derechos Humanos.
Las asociaciones señalan principalmente la rapidez con la que se ejecutaron las devoluciones, en un plazo de menos de 24 horas. Ponen en duda que, dada la celeridad de la operación, fuese posible ofrecer individualmente todos los derechos de asistencia letrada, de intérprete, y a someter la decisión a revisión judicial. Horas después de conocerse la noticia, el Colegio de Abogados de Ceuta se reunió de manera urgente para decidir que recurrirían el proceso, ya que
los letrados que asistieron a los subsaharianos no fueron informados de que iban a ser devueltos por Tarajal.
A pesar de que la base jurídica en la que el Gobierno de Pedro Sánchez sostiene esta inusual operación es el
Acuerdo de Readmisión firmado con Marruecos en 1992, esto no supone ninguna base jurídica distinta de la establecida en la legislación de extranjería para acordar el retorno de cualquier persona que se encuentre bajo la potestad de las autoridades migratorias españolas. Por ello, en este manifiesto se pone en duda que diera tiempo a identificar situaciones de especial vulnerabilidad susceptibles de tutela e impeditivas de la ejecución de la decisión de retorno como son la minoría de edad, potenciales solicitantes de protección internacional o víctimas de trata de seres humanos. Dos de los inmigrantes eran menores y, tal y como
confirmó la propia portavoz del Gobierno de la Nación, Carmen Calvo, sí están protegidos por España y se han quedado en Ceuta, ya que “son condiciones muy distintas” a las del resto de llegados.
Identificación de los inmigrantes
El Acuerdo de Readmisión establece, a su vez, un detallado procedimiento para la ejecución de la decisión de entrega que implica obligaciones recíprocas para las autoridades de España y Marruecos. Entre la información de obligada presentación al vecino país se encuentran los datos relativos a la identidad, la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y las condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado requirente, así como cualquier otra información de que se disponga sobre el mismo; la aceptación debe quedar documentada mediante la expedición por las Autoridades de Marruecos de un certificado o de cualquier otro documento en el que se hace constar la identidad y, en su caso, la documentación poseída por el extranjero en cuestión.
En este sentido, el manifiesto añade a la celeridad del proceso la experiencia de las entidades en cuanto a "la general ausencia de documentación personal de estas personas", lo cual le hace cuestionar que estas obligaciones se hayan cumplido.
¿Controla España qué hace Marruecos con los subsaharianos?
Otra de las disposiciones del convenio firmado en 1992 específica que los extranjeros readmitidos serán enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje. Las entidades dudan de que
Marruecos esté en disposición de poder dar cumplimiento a esta exigencia ni España podría hacer frente a su compromiso asumido internacionalmente de que pueda asegurarse de que estas personas son retornadas a sus países de origen. "Nada parece apuntar a que Marruecos y España pueda garantizar que estas personas no quedan varadas en territorio marroquí, donde sus derechos son sistemáticamente vulnerados", han añadido.
El Comité Europeo para la prevención de la tortura, en su Informe al Gobierno español sobre la visita que realizó dicho Comité a España en 2014, afirmó en su apartado 54 que “teniendo en cuenta el riesgo de malos tratos infligidos por los miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes a los migrantes irregulares, devueltos a Marruecos, la CPT recomienda que las autoridades españolas aseguren que ninguna persona es entregada a ellos”. Un hecho en el que se basa en el manifiesto para desconfiar de las reiteradas buenas relaciones que el nuevo Gobierno de España intenta retomar con Marruecos en materia de inmigración. "La entrega de estas personas supone una vulneración del principio de no devolución reconocido en el derecho internacional, europeo y nacional", han recordado. Hace unos días
dos subsaharianos fallecieron en Marruecos durante redadas y traslados llevados a cabo por la policía. Pruebas que demuestren el cumplimiento de la legalidad
Para demostrar que todo el operativo se llevó a cabo atendiendo a la legalidad vigente, el manifiesto solicita que el Ministerio del Interior haga público el número de abogados de oficio y de intérpretes que actuaron -el Colegio de Abogados de Ceuta explicó que hizo un esfuerzo para contar con diez letrados para los más de 100 subsaharianos-; el número de funcionarios policiales que han actuado como secretarios e instructores de los diversos procedimientos; las actividades desarrolladas para lograr la identificación de las persona y medios a través de los cuales se ha producido esa identificación; las actividades dirigidas a identificar la existencia de situaciones de especial vulnerabilidad (menores de edad, solicitantes de protección internacional y de víctimas de trata de seres humanos) y resultado de las mismas; el listado de nacionalidades de las personas devueltas; y las garantías aportadas por Marruecos de que no serán sometidos a malos tratos. Asimismo, solicita a los distintos grupos políticos que, en su labor de control de la labor de gobierno, exijan la mencionada información. De momento
sólo Unidos Podemos ha solicitado la comparecencia de Grande-Marlaska en el Congreso. Para este grupo de asociaciones el operativo demuestra el cambio en la política migratoria del Ejecutivo, a pesar de que la portavoz Calvo aseguró no haber cambiado su forma de proceder "ni un ápice" desde medidas como el rescate del barco Aquarius. Tras aquella decisión,
Interior decidió mantener el recurso a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a la sentencia contra las devoluciones en caliente -después de que
Pedro Sánchez fuese investido prometiendo acabar con estas prácticas-, consideradas en primera instancia contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Los firmantes son Almería Acoge, APDHA, Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Salamanca, Asociación Agar, Asociación Apoyo, Asociación Asdecoba, Asociación Valiente Bangla, ASPM Madrid, Bienvenidxs Refugiadxs Toledo, Caminando fronteras, Campaña CIES No Valencia, Canarias libre de CIES, Caravana abriendo fronteras, Cáritas Española, Centro Pastoral San Carlos Borromeo, Colectiva feminista Moolaadé, Colectivo para la Paz, Convivir sin Racismo, Coordinadora de Barrios, Ecologistas en acción, Elin, Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte, Federación Andalucía Acoge, Federación SOS Racismo, Inmigrapenal, Iridia, Mundo en movimiento. #SickOfWaiting, Obrim Fronteres Castelló, Obrim Fronteres Valencia, Observatorio del Racismo Institucional (RAIN), Observatorio Samba Martine, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Pacifistas Ciudad Real, Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca, Plataforma de ayuda a personas refugiadas Elche, PRODEIN, Red Acoge, Red Ciudadana de Acogida de Leganés, Red Española de Inmigración, Red Interlavapies, Red migrantes con derechos, Red Solidaria de Acogida, Senda de cuidados, Sercade, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Tanquem els CIE, Territorio Doméstico y Valencia Acoge.