Pocos ciudadanos españoles conocen que, desde finales del pasado 2016, se creó en el Congreso una Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación, cuyo objetivo fundamental es la elaboración de un texto que sirva de base para crear una nueva ley educativa, que será responsabilidad del gobierno correspondiente, y menos aún, que durante todo este tiempo han ido pasando por dicha Subcomisión expertos en el tema y representantes de la comunidad educativa, que han presentado en la misma sus opiniones sobre el actual sistema educativo y los diversos aspectos básicos para su mejora.
A día de hoy, los miembros de esta Subcomisión ya tiene elaborado un primer guión de los asuntos centrales a acordar de cara al documento que sus miembros entreguen al Gobierno para la próxima ley educativa y se disponen, en el presente año, a abordar los quince puntos del listado acordado.
Entre ellos figuran aspectos claves como: el diagnóstico del actual sistema educativo; los principios, fines y desafíos del futuro sistema; la financiación de la educación (partidas destinadas al Estado, las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, suelo de financiación estableciendo objetivos y prioridades, becas y ayudas al estudio…); la equidad e inclusión educativa (aumento del éxito escolar, la reducción del abandono educativo temprano, objetivos, medidas de mejora, recursos necesarios, detección temprana y diagnóstico, metodologías, evaluación, ratios por aula, refuerzos y apoyos, atención individualizada, adaptaciones, recursos humanos y otras medidas para alcanzar la equidad, la educación especial, la convivencia escolar…); la profesión docente (formación, sistemas de acceso, carrera profesional, ejercicio y formación continua…); el currículo escolar (metodologías, modelos de elaboración, niveles de decisión competencial en su diseño, organización de contenidos, la inclusión, los valores cívicos y constitucionales, la educación en igualdad, los programas plurilingües…); la red de centros educativos (el pilar fundamental de la enseñanza pública, el derecho a la educación, la enseñanza concertada y privada, su financiación y regulación…); el sistema territorial (distribución territorial de competencias, los modelos de coordinación, cooperación e inspección…); la evaluación y calidad de sistema educativo (fines y modelos de evaluación del aprendizaje, las evaluaciones internacionales, la evaluación interna del sistema…); la gestión de los centros (autonomía escolar, gobernanza de los centros, órganos colegiados, participación de la comunidad educativa, transparencia y rendición de cuentas…); la enseñanza de la asignatura de religión (su carácter y educación, atención a diversas religiones, profesorado, contenidos…) y la formación profesional (diagnóstico, objetivos, modalidades, títulos, movilidad del profesorado y alumnado…).
Sin embargo, la formación, experiencia y aportaciones personales de los miembros de esta Subcomisión (trece miembros más la presidenta de la misma) en la educación infantil, primaria, secundaria, bachiller y formación profesional, que son los ámbitos educativos donde previsiblemente se centrará la futura ley educativa, empezando por su presidenta que es arquitecto técnico, dejan mucho que desear: solamente hay un orientador escolar, con casi 65 años y una dilatada experiencia política, que también fue maestro de educación primaria en los inicios de su devenir profesional, y tres profesores y catedráticos de Secundaria, cuyas carreras políticas les han apartado de un contacto real y actual del mundo de la enseñanza, y menos aún de la problemática reciente del aula. Del resto de componentes, dos miembros han ejercido la docencia en la universidad, pero en ámbitos alejados de la ciencias de la educación (concretamente en los campos de la filosofía y de las ciencias de la información) y el resto carecen de experiencia docente, siendo licenciados en diversas materias (filología, empresariales, arte y diseño, filosofía, sociología, derecho y periodismo).
Aunque más de ochenta personalidades y supuestos expertos en el mundo de la educación han sido invitados por la Subcomisión para presentar sus opiniones y propuestas (constituyendo una amplia muestra: universidad, asociaciones educativas, Unión Europea, asociaciones de discapacitados, inspectores de educación, Banco Mundial, centros privados, representantes de padres de alumnos y de estudiantes, OCDE, sociedades culturales, directores de centros educativos, editoriales, sindicatos de profesores…) a ninguno de los componentes de la Subcomisión se les ha ocurrido impulsar este mismo debate (incluidos los propios sindicatos de profesores que supuestamente los representaban cuando fueron a exponer sus conclusiones) precisamente entre los propios docentes de infantil, primaria, secundaria, bachiller o formación profesional, que serán, a fin de cuentas, los que tendrán que asumir en sus espaldas la futura ley educativa, y a los que en última instancia, no lo dude estimado lector, se le exigirán responsabilidades por los resultados que obtengan los alumnos.
Y es que en el fondo empiezo a creer que nada cambia en esta cadena interminable de leyes educativas a las que estamos sometiendo nuestro sistema educativo en los últimos tiempos: a todas se les llena la boca de preciosas palabras que hacen referencia al protagonismo del profesor en la educación; sin embargo, a la hora del diseño de las mismas, la voz de estos últimos es sigilosamente e incongruentemente silenciada, para posteriormente, tras su aplicación, hacerles culpables directos de los desaciertos que conlleven, y lo que es peor, con una Administración que invariablemente es cicatera en recursos y medios para poderlas llevar con éxito al aula.