La Guardia Civil ha desarticulado en la localidad toledana de Seseña una presunta red criminal dedicada a facilitar empadronamientos ilegales para regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros en España. La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas, acusadas de participar en una trama que habría gestionado más de 400 empadronamientos irregulares.
Según la investigación, los implicados cobraban entre 300 y 400 euros por cada trámite fraudulento. Entre las nacionalidades más frecuentes de las personas captadas figuraban ciudadanos de Marruecos, además de Túnez, Argelia y Egipto.
La investigación comenzó cuando los agentes detectaron un incremento “desproporcionado e inusual” de solicitudes de empadronamiento en Seseña, un municipio de la provincia de Toledo.
Las sospechas aumentaron al comprobar que en algunos domicilios figuraban registradas hasta 91 personas, una cifra totalmente incompatible con la capacidad real de las viviendas investigadas.
Tras analizar numerosos expedientes, los investigadores detectaron patrones repetitivos: solicitudes presentadas por las mismas personas, contratos de alquiler sospechosos y documentación con aparentes indicios de falsedad.
Según la Guardia Civil, la organización utilizaba principalmente dos métodos para lograr los empadronamientos.
Por un lado, se elaboraban contratos de arrendamiento falsificados y, por otro, se presentaban autorizaciones supuestamente firmadas por propietarios de viviendas que, en muchos casos, desconocían completamente la situación.
El objetivo era conseguir certificados de empadronamiento que posteriormente permitieran a los inmigrantes iniciar trámites para regularizar su situación administrativa en España.
La Guardia Civil considera que existía una estructura organizada dedicada específicamente a captar personas extranjeras en situación irregular para ofrecerles este servicio a cambio de dinero.
La investigación apunta a que la red trabajaba principalmente con ciudadanos procedentes del norte de África. Entre las nacionalidades identificadas aparecen personas de Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto.
Los investigadores han podido recopilar además múltiples testimonios y denuncias relacionadas con el funcionamiento de la trama, lo que ha permitido dimensionar el alcance de la actividad.
Las autoridades calculan que podrían existir unas 400 personas afectadas por estos empadronamientos fraudulentos.
La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con esta red de fraude documental y regularización irregular de migrantes.
El caso vuelve a poner el foco sobre el uso fraudulento del padrón municipal, un documento clave para numerosos trámites administrativos en España y que, en determinados casos, puede convertirse en una vía para acceder a procesos de regularización o acreditar residencia.
La Guardia Civil mantiene ahora el análisis de la documentación intervenida para determinar el alcance exacto de la trama y posibles responsabilidades adicionales.
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