Llevamos días vislumbrando cambios en la normativa para adaptarla a las necesidades que, en materia migratoria, se suceden en las fronteras de Ceuta y Melilla. Cambios para hacer que las leyes no tengan que tener sus particularidades o especificidades cuando se trata de su aplicación en los dos territorios. Pues bien, en este escenario se enmarca el encuentro que mantuvo ayer el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz y su homólogo marroquí, Mohamed Hassad. Un encuentro en el que el español le propuso articular un “mecanismo coordinado” por el que se proceda a la devolución inmediata de quienes entren de forma “violenta o flagrante” en las dos ciudades autónomas.
La propuesta fue presentada en un encuentro bilateral celebrado en París, tras la reunión mantenida horas antes junto a los ministros del Interior de Francia, Manuel Valls, y de Portugal, Miguel Macedo.
El primer paso de esa propuesta, según un comunicado de Interior difundido ayer a los medios, estaría dado ya a través del acuerdo de readmisión hispano-marroquí de 1992, que entró en vigor en 2012 y facultaba a las autoridades españolas a devolver a Marruecos en un plazo de diez días a quienes hubieran entrado clandestinamente en España desde ese país. Un acuerdo que siempre ha estado ahí, firmado, pero nunca se ejecutó. Ahora el Gobierno quiere aferrarse a él, además de proponer un incremento en el número y reforzar los equipos conjuntos de investigación en materia de inmigración irregular. Fernández Díaz trasladó al ministro marroquí la posibilidad de que España pueda contribuir a la formación de patrullas reforzadas para la vigilancia de perímetros fronterizos.
Interior ha indicado que “pese a los éxitos obtenidos en la lucha contra la inmigración irregular derivados de la colaboración que mantienen ambos países, aún existen dificultades que requieren soluciones encaminadas”, como, por ejemplo, conseguir el “cese de las actividades de las redes de inmigración irregular y el alivio de la presión que sufren Ceuta y Melilla y las fuerzas y cuerpos de seguridad tanto españolas como marroquíes”, indicó.
Otra de las propuestas fue el refuerzo del proyecto de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para el retorno voluntario de inmigrantes irregulares desde el territorio marroquí.
“Este refuerzo podría consistir no solo en dar continuidad a lo realizado por parte española, sino favorecer la participación de la Unión Europea, incorporando las aportaciones de otros países, además de los instrumentos de financiación de la UE”.
De igual manera Interior no ha descartado la revisión de los protocolos de actuación con los inmigrantes, después de lo ocurrido el pasado 6 de febrero. Lo que desde 2005 se permitía quiere ahora cambiarse. De hecho el pasado miércoles fueron citados el teniente coronel de Ceuta y el coronel de Melilla en la Dirección del Cuerpo para abordar este asunto.
“De la experiencia siempre se aprende. El Estado mayor de la Guardia Civil está trabajando sobre esta realidad y, evidentemente, si fruto de esta experiencia, y enfatizo el condicional, fuera preciso revisar algún protocolo así se haría, pero hay que esperar a que finalice la investigación”, aclaró ayer el ministro. Entre esos cambios puede que se ordene el no emplear nunca más determinado material antidisturbio, aunque este extremo no ha sido confirmado de manera oficial.
El ministro informaba ayer de que el día 6 “se siguieron los protocolos de actuación establecidos desde 2005, que no se han modificado (...), y bajo los principios de congruencia y proporcionalidad. Poner en cuestión la actuación de la Guardia Civil es faltar a la verdad y actuar de una forma profundamente insolidaria e injusta” con el Cuerpo, reseñó.
Fernández Díaz recordó que 23 personas llegaron a la playa del Tarajal, y se sirvió de esa cifra para expresar su convencimiento de que “no habrían llegado sanas y salvas si la Guardia Civil no tuviera otra intención que usarlas según los procedimientos establecidos, y nunca contra las personas”. El ministro admitió que “fue una tragedia humana grande”, y destacó que “debe quedar claro que para ser eficaces en la lucha contra la inmigración irregular la UE debe actuar bajo los principios de responsabilidad compartida y solidaridad”.
La presión sobre Ceuta y Melilla o la nueva política marroquí
La presión migratoria sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla está coincidiendo con una nueva política del gobierno de Marruecos, que ha flexibilizado el trato hacia los emigrantes subsaharianos, según coinciden en señalar varios especialistas en Rabat.
Marruecos anunció el pasado mes de octubre un novedoso proceso de regularización de los emigrantes ilegales, que cifró entre 25.000 y 40.000, (en su mayoría subsaharianos) que se abriría durante todo el año 2014.
El pasado lunes, las autoridades entregaron con toda solemnidad las tarjetas de residencia, varias decenas, en Casablanca, Rabat y Tánger. La cifra puede parecer pequeña, pero lo cierto es que cerca de 10.000 personas se han personado en las oficinas de emigración para interesarse por el proceso de regularización.
Hicham Rachidi, secretario general de GADEM, uno de los más antiguos y activos en la defensa de los subsaharianos, asegura que desde octubre pasado, junto a la regularización, han llegado unas nuevas directrices para que la policía marroquí utilice menos “mano dura” contra los emigrantes indocumentados.
Solo así se entiende -explica- la última gran avalancha de emigrantes sobre Ceuta, que visiblemente no sufrieron la habitual persecución o acoso de las Fuerzas Auxiliares marroquíes junto a la frontera, una afirmación que han confirmado varios testigos en la zona. Para Rachidi, “Marruecos ha cambiado de estrategia y ya no quiere ser el gendarme de Europa”, lo que explicaría, por ejemplo, que los últimos grupos de emigrantes detenidos ya no son expulsados a la frontera con Argelia. Las mafias están haciendo circular una idea: que todos los que no logren regularizarse serán expulsados del país.