Casi cinco años después del germen de las investigaciones que dieron pie a la famosa Operación Monte, que se saldó con 31 personas procesadas por su presunta vinculación con varios delitos tejidos en torno al narcotráfico, el procedimiento judicial cumple meses de inmovilismo sin que se haya fijado apertura de juicio oral y sin una calificación fiscal después de que la inicial, conocida en septiembre de 2018, fuera recurrida.
De las diligencias previas transformadas en Sumario por auto dictado por la Audiencia Provincial, se dictaminó que los delitos de cohecho quedaban fuera del auto de procesamiento “al no existir indicios racionales para continuar por el procedimiento del Jurado”. La causa se sigue por un delito contra la salud pública, otro de pertenencia a organización relacionada con el tráfico de drogas, un delito de falsedad en documento público y otro en documento privado, blanqueo de capitales, revelación de secretos y alzamiento de bienes. Al margen de los 31 procesados, quedan personas en busca y captura y en situación de rebeldía que todavía no han sido ni localizadas ni detenidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La ‘Monte’ es un ejemplo de macrocausa judicial que ha terminado por convertirse en el juicio con más acusados por tráfico de drogas que tendrá que juzgar el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. Es el resultado de años de investigación que comenzaron en 2015, cuando la UDYCO de la Policía Nacional andaba tras los pasos de una presunta organización de tráfico de cocaína y terminó asomando el negocio del traslado de hachís oculto en dobles fondos de camiones. En marzo de 2016 se procedió a la cascada de detenciones vinculadas al decomiso de casi seis toneladas de hachís, tras haber abortado el embarque de alijos en dobles fondos de vehículos controlados a través de una red de transportistas de la droga.
Tras resolverse una cuestión de competencia judicial sobre quién debía llevar la instrucción del caso, si el Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta o el 4 de Pamplona, el Alto Tribunal resolvió acumular las diligencias en beneficio de Ceuta, desarrollándose una instrucción que tuvo una de sus fases estelares el pasado mayo de 2019 al comunicarse el último paso conocido de este caso: la decisión de dejar fuera del auto de procesamiento los delitos de cohecho. No hay solicitud de apertura de juicio oral ni documento acusador y este procedimiento, al igual que otras tantas causas sin preso, se ha visto afectado también por la paralización de plazos derivada de la particular crisis judicial del coronavirus.
En una de las últimas resoluciones judiciales dictadas en torno a esta mediática operación, el juez instructor concluye su decisión de procesar a quienes figuraban como encartados en las actuaciones -entre ellos componentes de la Guardia Civil- “al aparecer motivos bastantes para afirmar con fundamento que se está en presencia de hechos tipificados en el Código Penal, concurriendo indicios racionales de criminalidad contra las personas” y haciéndose una distinción clara entre “partes acusadoras y acusadas”.
Judicialmente, en base a las investigaciones llevadas a cabo por la Policía, se considera la existencia de una estructura perfectamente organizada que se dedicaba a la introducción del hachís aportado por un suministrador de Marruecos en la Península, utilizando para ello camiones a través de una red de transportistas, distribuidores y reclutadores, además de vigilantes para no ser sorprendidos por las fuerzas de seguridad en la comisión del delito.
Las investigaciones desarrolladas en Ceuta chocaron con otras practicadas en Pamplona, aunque ambas terminaron en un nexo común y en la detección de hasta tres cargamentos de hachís. Vinculada a esta causa, en enero de 2016, se procedió a la detención de dos personas a bordo de una semirrígida que estaban recuperando fardos fondeados en Benzú, siendo una vía de introducción de la droga paralela a la de los camiones.
Las distintas actuaciones de la UDYCO de la Policía Nacional se llevaron a cabo en marzo de 2016 procediéndose a la detención de varias personas en diferentes puntos de la ciudad. En total fueron casi medio centenar, pero han terminado siendo procesadas 31. Se han dictado autos de sobreseimiento para algunos de los detenidos o investigados en la causa. Además queda gente en situación de rebeldía o con órdenes de busca y captura.
La estructura investigada por la UDYCO se centró en el embarque de grandes cantidades de droga en dobles fondos que fueron practicados en camiones. Se contaba con una estructura bien organizada para la captación de la droga y la ocultación. Hay agentes de la Guardia Civil investigados por su presunta vinculación con esta estructura.
En el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 se incluyen varios delitos atribuidos a los procesados, pero se excluye el de cohecho. Los afectados fueron informados de esta novedad pero desconocen la apertura de juicio.
Todavía no hay siquiera petición de apertura de juicio oral en torno a una de las causas más importantes relacionadas con el narcotráfico por la cantidad de personas que han terminado procesadas. Queda por conocer la calificación final tras retirarse el cohecho.
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