Las cosas de palacio por lo general van despacio, y todavía más cuando la cuestión remite a un tema tan complejo como el de la vivienda y la demanda de vivir bajo un techo en condiciones. El caso de
Irene -nombre ficticio- es el de una joven ceutí de 25 años con una hija pequeña que lleva desde 2016 solicitando una vivienda a
Emvicesa (la Empresa Municipal de Vivienda de Ceuta) presentando para ello las denuncias que corroboran su situación de
víctima de violencia de género. El tiempo corre rápido y a esta trabajadora se le une el grave problema de que ahora mismo está alojada en el piso de su tía en el que viven doce personas: ella misma, su niña, primos, hijos de primos, etc. Sin embargo, seis años después de empezar su lucha, ya con sentencia firme y con una situación muy precaria, a Irene se le sigue denegando este alquiler social, según explica.
Desde la institución local se ha detallado que en su día se le explicó que es la Comisión Local de la
Vivienda el órgano que determina la adjudicación de este tipo de casas y que están preparando los trámites para que se reúna cuanto antes este ente del Gobierno de Ceuta y se pueda dar solución a las personas solicitantes.
“Voy cada uno o dos meses a pedir que arreglen mi situación”, clama esta trabajadora que ahora mismo sobrevive con un sueldo de 1.000 euros al mismo tiempo que continúa con sus estudios, una cantidad que se antoja insuficiente para que esta familia monomarental tenga acceso a independizarse de un modo digno. A todo ello se une la problemática de la escasa y cara oferta de alquiler en Ceuta, por lo que prácticamente manejarse sin ayuda.
Este caso estaría pendiente de la futura reunión de la Comisión Local de Vivienda
“Hay una muchacha que conozco que le ha dado una patada a una puerta de pisos que hay vacíos, pero yo no quiero tener que llegar a eso ni mucho menos. Creo de sobra que tengo derecho a ese cupo de viviendas para mujeres maltratadas”, opina Irene en su batalla infatigable.
“Yo puedo pagar ese alquiler social”, advierte esta madre joven que trabaja en un centro con menores y a la vez tiene el doble mérito de seguir estudiando con el objetivo de sacarse un Grado Medio de FP. No obstante, ahora mismo ella y su hija de cinco años comparten piso en casa de su tía con otras diez personas, en una casa en la que conviven diferentes familias y varios niños pequeños.
“Siempre presento todos los papeles que me piden de la sentencia judicial de 2020, mi nómina y mi orden de alejamiento”, afirma esta joven que ya se encuentra algo mareada de acudir prácticamente cada mes para que le den una respuesta a su problema. “No puedo esperar diez años más así, me entran ganas de llorar porque esto es un sinvivir”, declara Irene desde el particular alambre en el que se mueve su vida.
Esta madre maltratada sobrevive en un piso compartido con su niña y diez familiares más
Fuentes del Gobierno de Ceuta han indicado a El Faro que tienen constancia del caso de esta joven y que fue atendida por el gerente de Emvicesa. En dicha reunión, el gerente le explicó a esta víctima de violencia de género que es la Comisión Local de la Vivienda el órgano que determina la adjudicación tanto de las viviendas de la Consejería de Fomento como las de la propia Empresa Municipal de Vivienda de Ceuta.
Asimismo, fuentes municipales también aseguran que se le indicó a esta joven que se estaban preparando todos los trámites para que la Comisión Local de la Vivienda se pueda reunir cuanto antes y, por tanto, se empiece a abordar la adjudicación de viviendas.
De la premura a la hora de convocar la comisión municipal puede depender que se acabe más tarde o más temprano el calvario de una mujer cuya juventud no le ha eximido de conocer el camino más dura de la vida. De momento, no se ha rendido.