Emvicesa visitará diariamente la zona para exigir que el inmueble vuelva al estado original anterior a las reformas acometidas por algunos de los adjudicatarios. La empresa municipal de la Vivienda, Emvicesa, obligará en estos días a los adjudicatarios de las VPO de Loma Colmenar que han ejecutado obras ilegales en sus viviendas a devolver a su estado original el inmueble después de que algunos de los inquilinos llevaran a cabo ciertas modificaciones, tanto en fachada como en interiores escasamente dos días después de la entrega de las viviendas.
Aunque en total fueron tres las denuncias formuladas por la Policía Local, el caso más grave se produjo con el cierre de zonas comunes, concretamente de una escalera a la que se impedía acceder una vez finalizada la reforma ilegal. “Este tipo de obras afecta al comportamiento del edificio al ganar en volumen edificado, al margen de que se están haciendo sin licencia de obras”, explica el arquitecto técnico de la entidad y responsable de la promoción, Manuel Blanco.
El informe emitido por la Dirección facultativa, al frente de la cual se encuentra Blanco, hace alusión a “interferencias” en el inmueble que pueden llegar incluso a comprometer “las condiciones estructurales, de rigidez y de estabilidad general del edificio”, reza el documento.
Pero la gravedad del asunto va más allá en cuanto las obras ejecutadas de manera ilegal algunos de los adjudicatarios atentan contra la “seguridad contra incendios”, así como en el ámbito de la “habitabilidad y utilización conforme a lo exigido por el Código técnico de la edificación y el Plan General de Ordenación Urbana”, según otra de las consideraciones del informe emitido por Emvicesa.
Además, Blanco recuerda que “al margen de la ilegalidad urbanística” que implica estas reformas, existe “riesgo tanto para los usuarios como para terceras personas, además de originar posibles lesiones, deficiencias y patologías al modificarse el proyecto original”.
Las viviendas de protección oficial tienen una superficie máxima establecida, y así se recoge en su calificación definitiva, hecho que agrava aún más la realización de estas obras, “la adhesión de zonas comunes lleva a que se incumple la normativa de VPO ya que ahora esta casa dispone de más metros de los permitidos en la normativa”, aclara Blanco.
Aunque éste sería el caso más grave de los acometidos en Loma Colmenar entre el 21 y el 23 de febrero, también se han producido otras modificaciones en el inmueble. Una de ellas, el cierre de alguna de las terrazas comunitarias, independizando así un área que pasaría a ser zona exclusiva para una de las viviendas.
Otras terrazas independientes se han cerrado para convertirse en una nueva habitación, e incluso en alguna de estas operaciones en la fachada se han sustituido las ventanas con contraluz recogidas en el proyecto original por otro tipo de persianas. Una tercera reforma acometida por alguno de estos vecinos ha consistido en la colocación de piedras naturales de colores en la propia fachada del edificio.
Blanco insiste en que todas estas reformas comenzarán a erradicarse a partir de esta semana, “ya se han tomado las medidas oportunas para efectuar el derribo de las obras en las zonas comunes y modificar todo lo que se ha hecho para volver el edificio a su estado original”.