Los trabajadores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) entregaron ayer en Delegación del Gobierno 64 firmas para mostrar su preocupación por la actual situación que sufren en estas instalaciones. Tal y como publicó ayer este medio, los empleados de dicho centro muestran su temor por los últimos acontecimientos que han tenido lugar en el CETI, donde un grupo de residente han amenazado a algunos de ellos.
Los trabajadores de este centro advertían una vez más de que en estas dependencias existe un “alto riesgo de amotinamiento y otros efectos adversos”.
Estos mismos trabajadores alertaron de que se están produciendo “agresiones verbales, físicas, amenazas e intimidaciones”, y dijeron que la situación es “cada día más insostenible”.
Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) trasmitieron también su apoyo a los empleados del centro de inmigrantes.
CCOO criticaba que “la Delegación incumple la ley de extranjería e impide a los inmigrantes que han cumplido su periodo de internamiento ejercer el derecho a la libertad de circulación por el territorio nacional o, en su defecto, proceder a su repatriación a sus países de origen”.
Los trabajadores lamentaban también que este grupo de inmigrantes está “todo el día bebiendo alcohol, algo que está prohibido en estas instalaciones, pero como ni se les puede decir ni hacer nada pues hacen lo que quieren”, dice uno de ellos. Delegación asegura haber puesto en marcha medidas de seguridad y de coordinación: Delegación del Gobierno, en relación con las inquietudes expresadas sobre la seguridad en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, informa de que en el centro se han adoptado últimamente medidas consistentes en el incremento de la seguridad dinámica y en el perfeccionamiento del equipamiento tecnológico de control interno y de recepción y remisión de avisos.
A partir de esta semana se ha dispuesto una mayor visibilidad de la protección que ya venía dispensando la Jefatura Superior de Policía. También se han sometido a la consideración de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración algunas medidas adicionales a corto y medio plazo que se encuentran en evaluación, dice la Delegación. Todas estas mejoras, que tienen un carácter preventivo, están orientadas a mejorar la coordinación de las actuaciones con la Jefatura Superior y la capacidad de respuesta para el supuesto de que fuera necesario el recurso puntual de efectivos y medios adicionales. También van encaminadas a reforzar la confianza y tranquilidad a toda la comunidad del CETI tanto inmigrantes residentes como personal de administración y prestador de servicios.
Esta nota de prensa fue enviada a los medios de comunicación para informar de las medidas puestas en marcha en el centro del Jaral, debido a las inquietudes expresadas tanto por parte de los trabajadores de dichas dependencias como de las organizaciones sindicales de la ciudad. Ceuta, a la cabeza de expedientes incoados de expulsión de MENA: Málaga, Melilla, Cádiz y Ceuta concentraron el 70,90 por ciento de los expedientes incoados para la expulsión de menores extranjeros no acompañados.
En términos nacionales, España expulsaron en 2009 a un total de once niños extranjeros que estaban en el país sin compañía de un adulto, de los que ocho eran rumanos, dos colombianos y uno ucraniano, conforme recoge la Memoria Anual de la Fiscalía, de la que se desprende que a lo largo del año pasado no se repatrió a ningún menor africano.
En total, el año pasado se incoaron 224 expedientes de expulsión a niños inmigrantes, un 56,4 por ciento menos que en 2008, cuando fueron 515. De ellos, treinta fueron informados, once ejecutados y ninguno recurrido.
En cuanto a la llegada irregular de niños inmigrantes, la Fiscalía destaca que si bien el flujo cayó un 52,27 por ciento el año pasado respecto de 2008 con un total de 475 menores, “no resta importancia a la gravedad del problema por el que los niños, huyendo de la penuria económica, son trasladados por organizaciones criminales en frágiles medios de transporte”.
Asimismo, la Fiscalía Coordinadora de Sala de Extranjería, a falta de datos de Murcia y Segovia, indica un “descenso notable” del número de expedientes de determinación de la edad que se practica a algunos inmigrantes, con una caída del 17 por ciento, según recoge la Memoria Anual de la Fiscalía.