El Gobierno que preside Juan Vivas ya tiene una respuesta jurídica a la pregunta de si sería factible la constitución de sociedad de capital social, total o parcial, de la Ciudad, “para participar como operadora en la línea marítima Ceuta-Algeciras”. La conclusión del dictamen es pesimista, aunque se expresa en términos de dificultad y no de imposibilidad.
“Dada la complejidad de acometer la fórmula de la participación como operadora en la línea marítima”, apunta como recomendación, “quizás deberían volver a analizarse las propuestas por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC): otros instrumentos menos restrictivos como pueden ser tratar de reducir las barreras a la entrada que subsistan, incrementar la presión competitiva incentivando la entrada, revisar las obligaciones de servicio público y recurrir a los instrumentos que ofrece la normativa de competencia”.
El informe analiza dos vías para la posible entrada de la Administración local como impulsora de una nueva naviera: la creación de una sociedad de titularidad pública (gestión directa) o la de una empresa de economía mixta (indirecta).
“Nada impide, en principio, que un nuevo operador intervenga en el mercado reuniendo los requisitos técnicos y económicos que ello requiere pero la Ciudad solo podría hacerlo desde el punto de vista de su consideración como servicio público o como una iniciativa de actividad económica”, establece el informe.
En el primer supuesto, la actividad debería encuadrarse en el marco de sus competencias como municipio o al abrigo del Estatuto de Autonomía. “Analizada la competencia municipal en materia de turismo, por ser esta actividad una de las perjudicadas con la actividad anticompetitiva de las navieras, lo cierto es que sería muy débil la justificación de una intervención en el mercado toda vez que en la reciente modificación de la legislación de régimen local se ha recortado reduciéndola a información y programación de la actividad turística de interés y ámbito local”, reseña .
Tampoco se ve cobertura certera en el caso de las competencias autonómicas con la de fomento del desarrollo económico o la de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
Por la segunda vía, la de una iniciativa de actividad económica, el dictamen dice que cabe la constitución de empresas públicas para “el desempeño de cuantas actividades y servicios reputen las entidades locales convenientes u oportunas, con objeto de satisfacer las necesidades de los vecinos”, descripción que aparentemente encaja como anillo al dedo con los fines pretendidos.
Aquí los escollos residirían en que “son varias las limitaciones que se producen para el reconocimiento de la actividad económica”, entre ellas que tenga “utilidad pública”, “que la participación en el mercado se haga sin privilegios ni ayudas públicas”, que no haya riesgo “para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal o “que se preste dentro del término municipal”, obstáculo este último aparentemente insalvable pero con el que ya se ha lidiado, por ejemplo, para colocar un cable de fibra óptica público hasta Andalucía.
Una naviera enteramente pública necesitaría acreditar que es la fórmula “más sostenible y eficiente”. Para echar andar una de la mano del sector externo a la Administración sería inexcusable acudir, tras la tramitación del expediente común “de justificación de la oportunidad y conveniencia”, a una licitación “para seleccionar al socio privado”.
La competencia, pendiente de otros estudios El Ejecutivo local ha encargado otro estudio para conocer, a la vista de que su participación en el mercado sería finalista para que no se produzcan “sobresaltos en el régimen tarifario previamente acordado por todas las operadoras”, sus repercusiones desde el punto de vista de la libre competencia, es decir, sobre “qué posibles reparos podrían oponerse desde dicha perspectiva”. La CNC ya ha rechazado, por ejemplo, establecer tarifas máximas en la línea marítima.