Los sindicatos de la limpieza pública reclaman cobertura sanitaria privada

Los sindicatos del sector de limpieza pública viaria anunciaron ayer que convocarán huelga si no avanzan las negociaciones de un nuevo Convenio Colectivo en el que, como principal reivindicación, reclaman que se incluya cobertura sanitaria privada para los trabajadores, una petición que entienden que también beneficiaría a la patronal cuando se queja de los tiempos en los que se resuelven las incapacidades temporales. Esta vez el paro no se promueve para Semana Santa, como en ejercicios precedentes, sino para después de las fiestas.

“El Comité de Empresa que formamos el sector de limpieza pública viaria (Trace, Talher, ACC y Urbaser)”, explicaron ayer los representantes de los trabajadores afectados en un comunicado, “estamos negociando desde el mes de enero un nuevo Convenio de limpieza pública viaria, negociación que este lunes se ha roto por no llegar a ningún acuerdo”.

Los sindicalistas acusaron a la patronal de negarse a conceder “nada” de las peticiones presentadas por la parte social, que según su versión “son muy básicas y sin mucho coste”. Ante esa posición, los sindicatos adelantaron que “vamos a dar unos días para que fermente esté comunicado y, a continuación, convocaremos una huelga antes de las elecciones”.

Según las centrales “se ha estado debatiendo si hacerla en Semana Santa o antes de los comicios y por unanimidad de todos los delegados se ha votado a favor de ser respetuosos con la Semana Santa y actuar a continuación”.

Fuentes de la patronal han asegurado que las exigencias de la parte social supondrían un coste inasumible para sus posibilidades y que haría falta un respaldo explícito de la Administración difícilmente obtenible en estos tiempos de disputas electorales. Los sindicatos han corroborado que, fuera de micrófono, los empresarios exigen dejar para después de los comicios autonómicos de finales de mayo estas negociaciones.

A juicio de los representantes sindicales, su petición con mayor calado económico sería la de dar cobertura sanitaria privada a la plantilla afectada, unos 600 trabajadores en total, el segundo colectivo más numeroso de la Ciudad tras la plantilla de la Administración autonómica. No obstante, el ugetista Francisco Mur ha advertido que no se exige una empresa concreta para dar esa asistencia que, se entiende, también beneficiaría a la patronal “quejosa de los tiempos en los que resuelve la Sanidad Púbica las bajas”.

Los sindicatos han planteado una vigencia del nuevo Convenio a “tres años” vista, casi hasta la finalización del contrato firmado, que la Ciudad dio por casi finiquitado hace semanas y que ahora no se plantea resolver, en su caso, hasta después de las elecciones. Durante ese periodo han propuesto, como “punto de partida”, una actualización salarial “del IPC más un 1%”.

El resto de exigencias sindicales parecen, a la luz de un contrato que solo en el caso de la limpieza pública de la Ciudad supone más de 17 millones de euros al año, minucias. Por ejemplo, los representantes de los trabajadores solicitan que se incrementen en el entorno de un 20% las partidas contempladas para ayudas sociales por hijos en edad escolar o por discapacidades.

También se ha planteado, dado que un 1% de la plantilla, los trabajadores de oficina, no acceden a los mismos complementos que el resto, que sus retribuciones se eleven alrededor de un 15% y que el plus por no faltar nunca al trabajo no se fije en un concepto anual sino mensual en virtud del cual la falta se compute en el periodo afectado y no en general.

Los sindicatos también reclaman que el premio por jubilación quede asegurado con independencia de si el afectado pueda solicitarla antes de lo prescrito cumpliendo los requisitos.

Con respecto al plus de nocturnidad, previsto para quienes prestan sus servicios “en los horarios comprendidos entre las 22.00 horas y las 7.00 horas” durante 25 días al mes por “menos de 200 euros mensuales”, los representantes de los trabajadores afectados por el Convenio consideran que también es preciso actualizar esa cuantía al menos en un 30%.

Las conversaciones para resolver el contrato público, paralizadas

Las conversaciones entre el Gobierno de la Ciudad y Trace para resolver, como acordó el Pleno en septiembre, el contrato público que desde hace algo más de seis años gestiona la UTE, han quedado “paralizadas” presumiblemente hasta después de las elecciones, según confirmaron ayer fuentes de la concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. La Corporación acordó hace ya algo más de seis meses rescindir la adjudicación e intentar hacerlo, según propuso el PP, de mutuo acuerdo. Las negociaciones entre ambas partes y sus respectivos abogados llevaron a una primera estimación de doce millones de euros de compensación para la parte privada que, al menos de momento, no se ha ratificado.

En septiembre, último acuerdo solo para 2018

Los representantes de los trabajadores del sector de limpieza pública viaria y la patronal firmaron a finales de septiembre del año pasado un acuerdo de Convenio Colectivo con efectos retroactivos al 1 de enero y con vigencia exclusivamente para todo el año pasado que conllevó un incremento de sus retribuciones del 3,1% y un día más de asuntos propios retribuido al año. El presidente del Comité de Empresa, el ugetista Francisco Mur, lamentó entonces que “nos hemos sentido utilizados porque Trace, la empresa mayoritaria del sector, siempre busca resolver sus problemas con la Ciudad de esta manera”. Entonces alegó que las reiteradas amenazas de huelga formuladas por los sindicatos habían estado orientadas básicamente a conseguir que el personal de Talher, Urbaser, etcétera viera incrementadas sus remuneraciones en unos 50 euros al mes y a cobrar sus atrasos, ya que en la concesionaria de la Ciudad, con una plantilla de alrededor de 360 operarios, ya se estaba aplicando el acuerdo. El secretario del Comité, Juan Gutiérrez, tildó de "penoso" este proceder y dijo entender a la ciudadanía "cansada" de las amenazas de paro, aunque pidió comprensión para su "única arma" para "defender los derechos".

Los apuntes

Subida salarial: 3,1% en 2018 en todos los conceptos y pluses

El acuerdo rubricado a finales del año pasado con efectos retroactivos al 1 de enero contempló un incremento salarial para el año 2018 equivalente al IPC de 2017 más un 2%, un total del 3,1%, “en todos los conceptos retributivos y pluses”.

Jornada: 35 horas

El Convenio Colectivo vigente establece una jornada laboral de 35 horas semanales distribuidas de lunes a viernes, ambos inclusive, “de acuerdo con la necesidad de cada trabajo y por acuerdo entre las empresas y sus comités o delegados de personal”.

Subrogación: Empleo garantizado

El Convenio prescribe que “al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo”, la absorción del personal entre quienes se sucedan, mediante cualesquiera de las modalidades de contratación de gestión de Servicios Públicos, contratos de arrendamiento de servicios o de otro tipo, en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional del Convenio Colectivo, se llevará a cabo “respetando los derechos y obligaciones” que disfruten los trabajadores en activo, con derecho a reserva de su puesto, interinos o incorporados 4 meses antes.