Los sindicatos en Ceuta entregan en estos días las comunicaciones tanto a la Delegación del Gobierno como a la Ciudad Autónoma, tal y como establece la ley.
El líder de UGT en Ceuta, Antonio Gil, manifestó en declaraciones a este medio que la ciudadanía “debe tener conciencia” y participar en dicha medida de presión, porque –añadió– tiene motivos para ello, especialmente los empleados públicos, a quienes recordó que el Gobierno aprobó una reforma que les afecta, les recortó el salario en un 5 por ciento, le quita la paga extra de Navidad, le sube el IRPF y ha eliminado días de vacaciones y asuntos propios. “Deben tomar conciencia y hacer frente a estas políticas”, añadió.
Para Gil, las últimas medidas aprobadas por el Gobierno central “empobrecen a la sociedad y enriquecen a los bancos alemanes”, por lo que pide a la población que se “implique”.
Desde CCOO también animan a la población a secundar la huelga general, y lamentan que haya aspectos que pueden dificultar esta participación, como el “miedo” a ser despedidos “sin razón” debido al poder que la reforma laboral otorga a los empresarios, y también al dinero que perderían. No obstante, confían en el apoyo a la huelga para luchar contra estas políticas.
Ayer, los sindicatos convocantes, CCOO, UGT, CGT, USO y Stes-Intersindical, entregaron la convocatoria de la huelga general en la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. CSI.F ya anunció que no participará en la huelga, entre otras cosas al considerar que tiene carácter político.
El registro de la huelga general en el Ministerio que dirige Fátima Báñez se produce después de que CCOO y UGT llevaran la semana pasada ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) la convocatoria del paro general como parte del compromiso que adquirieron con las organizaciones empresariales en el Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC).
Una vez concluido el trámite en el SIMA, que se ha resuelto por incomparecencia de CEOE y Cepyme, toca registrar la convocatoria de huelga general en el Ministerio de Empleo, con lo que el paro general adquiere oficialidad.
La ley obliga a comunicar la convocatoria de huelga con cinco días naturales de antelación si se trata de empresas privadas y con diez si afecta a empresas privadas o públicas que prestan servicios a la ciudadanía.
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