Representantes de la Asociación de Promotores de la Contrucción se entrevistarán hoy con el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, para analizar la tasa por la prestación de servicios urbanísticos que aprobó el pleno de la Asamblea hace unos meses. El presidente de esta Asociación, José Luis Muñiz, declaró ayer a este medio de comunicación que es una normativa que les preocupa, porque recae directamente sobre los promotores y que de ahí solicitaron el mantenimiento de esa reunión con el responsable de Hacienda.
Si indicó que el asunto se había politizado, después de un comunicado publicado la semana pasada por la Unión Demócrata Ceutí, partido político que resaltó el envío de una carta a la Consejería de Hacienda para que suspendiera provisionalmente la mencionada tasa.
El máximo responsable de esta asociación profesional quiere dejar bien claro que huyen de cualquier tipo de politización y que desean abordar el asunto con la Consejería desde un punto de vista estrictamente personal.
Comentó que hay algunos aspectos de la ordenanza que no les parecen correctos y que han tenido la oportunidad de comparar la similitud de la misma con la que se encuentran en vigor en otras provincias y capitales de Andalucía y que no son nada comparables.
Si da la razón a la Consejería cuando afirma que es una tasa que hasta ahora no se había puesto en marcha en nuestra ciudad, pero que si lleva muchos años en otros puntos de nuestra geografía.
Incluso, analiza que entiende que en unos momentos de crisis como los actuales donde hace falta dinero para el mantenimiento de los servicios públicos, “todos debamos hacer un esfuerzo, pero no deseamos que haya un perjuicio para la actividad de la construcción en concreto”.
Por último, comentó a ‘El Faro’ que tiene confianza en la reunión que celebrarán hoy con el consejero de Hacienda y que de la misma salgan unos resultados que sean beneficios para los dos partes.
Igualmente, hay que señalar que la tasa por la prestación de servicios urbanísticos pasó dos veces por el pleno de la Asamblea, tanto para su aprobación inicial como para la definitiva, al igual que estuvo expuesta un mes para las posibles alegaciones de quienes se sintieran perjudicadas por su entrada en vigor.
