La amplia mayoría de los promotores que trabajan en Ceuta han acogido con satisfacción la decisión del Ejecutivo local de revocar la aprobación inicial del PGOU, anunciada tras el último Consejo de Gobierno, cuando se cumple un año desde que la Consejería de Fomento suspendió la concesión de licencias de construcción, coincidiendo con la primera aprobación de la nueva planificación urbanística por el Pleno de la Asamblea.
Tal y como es preceptivo, la tramitación del nuevo PGOU conlleva la suspensión del otorgamiento de licencias en todas las áreas afectadas por el nuevo planeamiento. En el caso de Ceuta se ve afectada la totalidad del territorio. Se trata de un imperativo legal que ha afectado a “decenas de proyectos”, según explican fuentes del colectivo, que se ha visto seriamente perjudicado por esta circunstancia en un momento en el que la economía se está reactivando tras la peor crisis en décadas.
Y es que esa suspensión, que en principio no debía prolongarse más allá de unos meses, se ha complicado fundamentalmente por la envergadura de las alegaciones que se presentaron durante la exposición pública del PGOU. “Algunas han sido alegaciones de mucho calado, y como se había decidido por parte de la Ciudad aceptar todas las que fuera posible, al final, y debido a que la incorporación de las mismas al documento inicial supondría la alteración del programa de actuación urbanística del PGOU, habría que abrir nuevamente otro plazo de alegaciones, lo que retrasaría nuevamente la aprobación definitiva al menos un año más. Como mal menor, creemos que está solución es la menos perjudicial para la economía de Ceuta. Lo lógico sería, partiendo del documento inicialmente aprobado, incorporar estas alegaciones ya al cuerpo del documento y aprovechar para su actualización en todos los sentidos, ya que algunas secciones del mismo, como la planimetría, se remontaban al año 2008”, explican. El Gobierno confiaba en que los trámites para aprobar definitivamente el nuevo ordenamiento urbanístico de Ceuta no se prolongara más de un año y medio y se acordó con el Ministerio de Fomento que aquellas licencias diferidas o que estuvieran en periodo de carencia se podrían conceder, pero la tramitación se ha retrasado tanto que la suspensión de licencias “iba camino de durar más de dos años”, apuntan fuentes consultadas por este medio, que es el máximo tiempo de suspensión que permite la ley. “Podría darse el caso de que dentro de un año (el 7 de agosto) no se hubiera aprobado definitivamente el PGOU y que la administración hubiera que tenido que admitir la tramitación de licencias, pero de acuerdo al plan de 1992, por lo que es lógica la decisión que ha tomado el Gobierno”.
Si bien hacen hincapié en que esto no debería significar una paralización del nuevo PGOU. “Lo lógico sería que se designara un equipo técnico de revisión con un arquitecto y un jurídico al frente que consensue con los distintos sectores implicados la inclusión de variables en el documento ya obtenido (fundamentalmente basadas en las alegaciones presentadas), de tal manera que cuando se sometiera a nuevo periodo de alegaciones, ya estuviera suficientemente debatido y por tanto, su tramitación se ajustara al mínimo de plazos establecido. De esta manera, se podría obtener un nuevo PGOU en el plazo de un año desde su nueva aprobación inicial, pero se dejaría una ventana de unos meses o un año para desbloquear la parálisis absoluta de proyectos en que ahora nos encontramos, y muy importante, no solo privados, sino también de iniciativa pública”. Las zonas que están siendo objeto de esta medida son, entre otras, las 20 Áreas de Planeamiento Específico (APE), ubicadas en la zona centro sobre suelo urbano, y la decena de Áreas de Planeamiento Remitido (APR), básicamente del Campo Exterior. Asimismo, en dichos casos, se especifica la necesidad de suspender la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, que en todos los casos es de un máximo de 24 meses. “Está afectando a toda Ceuta en general”, subrayan las mismas fuentes. La más importante es la Zona 1 y Campo Exterior, que abarca casi todo el casco urbano de la ciudad, pero en general afecta a todo lo que toque volúmenes, ordenanzas y edificabilidad, “ya se trate de construcciones privadas o públicas”. Y es que actuaciones fundamentales , como el Brull, Pozo Rayo o incluso la reforma del Banco de España se ven afectados de lleno por la suspensión de las licencias. De hecho, en el centro de la ciudad las grúas solo funcionan en un par de promociones, que disponían o que tenían su licencia en tramitación con anterioridad a la aprobación inicial del PGOU.
La Asamblea se reunirá antes de que termine el mes
Un acuerdo plenario solo puede anularse con otro acuerdo de la Asamblea.. La suspensión de licencias se desbloqueará cuando la Corporación revoque el acuerdo del Pleno del 7 de agosto de 2014 en el que se aprobaba inicialmente el PGOU. Y eso es lo que están esperando ahora no solo los promotores, sino la práctica totalidad de empresas y profesionales que trabajan directa o indirectamente en el sector de la construcción. “Hay despachos de arquitectos que facturan al mes 500 euros porque no hay trabajo”. Y es que ni siquiera el Colegio de Arquitectos puede visar proyectos con las debidas garantías. La situación en el sector es de completa paralización, “algo que nos está perjudicando muchísimo y de no haber tomado el Gobierno la decisión de anular la tramitación del Plan no sabríamos que habría ocurrido”, añaden desde las mismas fuentes consultadas. Por otro lado, la Asociación de Promotores tiene previsto convocar una asamblea en las próximas semanas para analizar con detalle lo ocurrido y sobre todo hablar de futuro. Si todo transcurre según las previsiones, el Pleno de la Asamblea se reunirá antes de que termine el mes. Una vez revocado el Plan y publicado en el Boletín Oficial, la suspensión quedará igualmente derogada.
