Los procedimientos de determinación de la edad no reúnen las garantías

La Defensora del Pueblo María Luisa Cava de Llano presentó ayer en la sede la Institución el informe “¿Menores o adultos? Procedimientos de determinación de la Edad”. Un asunto clave en los tiempos que corren debido a la complicación existente a la hora de determinar la edad de los menores inmigrantes y a la problemática que esto genera en los centros de acogida. Se han dado casos de menores que han llegado a tener diferentes edades en un sólo mes al haber pasado por detecciones fallidas.

En la publicación se recogen las deficiencias detectadas en estos procedimientos y se da cuenta de las 41 recomendaciones formuladas por la Institución para erradicarlas. Además, se relatan siete casos investigados por la oficina del Defensor y que dan idea de los trabajos que realiza la Defensoría en esta materia.
De entre las principales conclusiones que arroja este informe monográfico, destaca la convicción de la comunidad científica en cuanto a los grandes márgenes de error que presentan las diferentes técnicas de estimación de la edad, como la medición de la madurez ósea y la mineralización dental. Además, desde una perspectiva médica, queda también patente la necesidad de tener en cuenta factores nutricionales, patológicos, higiénico-sanitarios o de actividad física a la hora de realizar cualquier estudio de estimación de la edad.
Además, la falta de intervención de los expertos en medicina legal en la interpretación de las pruebas diagnósticas para la estimación de la edad, permite que se dicten decretos de determinación de la edad basados en la interpretación de pruebas aisladas (p. ej. exclusivamente exámenes radiológicos), carentes por tanto del necesario rigor científico. También se ha podido constatar que, en ocasiones, los informes médicos examinados no dan cuenta de los elevados márgenes de error de las pruebas y de las cautelas que deben aplicarse para extraer consecuencias jurídicas de los propios informes.
Por otra parte, una de las tareas pendientes por parte de la Administración es solucionar la actual situación de inoperancia del Registro de Menores No Acompañados. Su mal funcionamiento compromete gravemente -a juicio de la oficina del Defensor del Pueblo-, el control de los procedimientos de determinación de edad realizados, lo que se traduce en la reiteración de pruebas médicas sobre las mismas personas. También impide la individualización de los interesados, así como el seguimiento de su situación y de su movilidad. Su falta de funcionamiento complica también la adopción de las medidas de coordinación entre la diversidad de organismos con competencias concurrentes en este ámbito.
Dicha variedad de organismos competentes en la materia se traduce en una amplia diversidad de prácticas en el conjunto del territorio nacional. A pesar de que la Fiscalía General del Estado ha prestado atención a este asunto a través de diversos documentos, en opinión de la Institución del Defensor del Pueblo continúan sin resolverse cuestiones muy relevantes, como que el papel director siempre debe corresponder al Ministerio Fiscal, con independencia de la necesidad de la puesta en marcha del protocolo de coordinación previsto en el nuevo reglamento de extranjería.

Recomendaciones de la institución

Entre las recomendaciones formuladas por el Defensor destacan algunas encaminadas a promover la formalización de un protocolo interinstitucional que permita el intercambio de pruebas e informes forenses, a fin de facilitar los antecedentes necesarios que pudieran existir sobre la persona a la que se le va a realizar un estudio de estimación de la edad. Se reclama además la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos de determinación de la edad cuando ésta es dudosa.