El veto a los presupuestos de Pedro Sánchez y la consiguiente celebración de elecciones para el próximo 28 de abril han avivado el clima de inestabilidad e incertidumbre política y social y ha tenido su consecuencia directa en el plantel de medidas que el Gobierno socialista preveía implantar. En Ceuta los grandes proyectos en materia de inversiones como la digitalización de la frontera o la construcción del
instituto del Brull se encuentran ahora en el cajón de espera hasta la celebración de los comicios. Sin embargo el país no queda sumido en la parálisis, el show debe continuar y no todos los proyectos previstos serán víctimas de esa parálisis, como es el caso del
Plan Integral de Empleo (PIEM), sobre el que Madrid no ejercerá veto y, con ello, la
Delegación del Gobierno continuará orquestándolo según lo previsto.
La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, se trasladó el pasado lunes a Madrid para conocer las directrices que su equipo debe seguir durante los próximos meses hasta que se conforme el nuevo Gobierno. Fue precisamente en una de las reuniones concertadas por Mateos en la que se decidió que los Planes de Empleo, cuya gestión recuperaba la sede de la plaza de los Reyes casi una décadas después, no murieran con el 28-A, aunque sí sufrirán algunos cambios significativos con respecto al proyecto inicial que planteó el Ministerio de Trabajo.
El presupuesto de 14 millones que se iba a destinar para estos nuevos planes se ve ahora reducido a la partida del ejercicio anterior, 12 millones, es decir se establece una prórroga de los presupuestos del 2018 y, por lo tanto, tendrá un efecto directo sobre los “notables” y “ambiciosos” cambios que esta Administración quería insuflarle a los planes.
Con toda la maquinaria engrasada y en marcha los planes se someten a una reestructuración para ajustar al máximo su planteamiento inicial que juega ahora con dos millones menos. No obstante, la Delegación mantiene su filosofía y se asentarán sobre “dos pilares fundamentales”: el acompañamiento personalizado, es decir, el refuerzo en la orientación tanto a desempleados como a personas activas, y en pivotarlo en un conocimiento exhaustivo del mercado de trabajo.
Otra de las modificaciones que se van a introducir se centra en exigir que los beneficiarios lleven empadronados en Ceuta, como mínimo, cinco años. Un requisito que los sindicatos ya venían demandando respecto a los planes de la Ciudad, en los que se pide una residencia que no alcanza los dos años, algo que sí se hizo en 2014 y 2015. Además, el certificado de escolaridad continuará como el mínimo exigido para los beneficiarios, lo que garantiza que disponen de las habilidades básicas de lectoescritura.
Cambios que también comienzan a perfilarse en los criterios a aplicar para ordenar la selección de los candidatos. Así por primera vez se valorarán los ingresos familiares, pero se baremarán en base a la renta individual de cada miembro y no del ente familiar. Por su parte, la excelencia académica también se verá recompensada.
La prórroga de los PGE del 2018 obliga a la Delegación a reestructurar su planteamiento inicial
Otra de las demandas históricas de los agentes sociales que se verá cumplida con este plan será el incremento de la jornada laboral a ocho horas, que unida al reciente incremento del SMI, garantizará a los contratados unas prestaciones mínimas de desempleo.
En relación a las propuestas que el Gobierno de la Ciudad ha planteado, Delegación ha descartado la incorporación de la empresa privada. Una idea que el Ejecutivo local basaba en un plan de empleo joven para que los beneficiarios pudieran hacer prácticas remuneradas en estos negocios. Sin embargo, el PIEM ya contempla un bloque específico para el sector juvenil que se posiciona como uno de sus pilares fundamentales y, entre otros, valorará una primera oportunidad laboral para los jóvenes.
La sede de la plaza de los Reyes también baraja la supresión del barbecho de dos años, en contra de la petición planteada por la Ciudad para que se mantenga. Medida que rige a los actuales planes y que establece una rotación de los beneficiarios, de forma que un trabajador seleccionado no puede volver a acceder en los dos años siguientes.
Los comicios del 28 de abril determinarán sobre qué administración recae su gestión
El PIEM continúa así ajeno al bloqueo que se ha imputado a otros proyectos, aunque no lo hace a ciegas ya que los resultados del 28 de abril van a ser determinantes para su futuro. Una revalidación de los socialistas supondría el impulso definitivo para su implantación y el regreso al planteamiento inicial, para el que se podrían establecer partidas extraordinarias para recuperar esos dos millones perdidos. Sin embargo, un cambio en el color político lo situaría en la cuerda floja y dependería de la nueva administración el querer continuar con su gestión o, si por el contrario, regresarían nuevamente a manos de la Ciudad. Una decisión arriesgada y temeraria, ya que en pleno mes de mayo, y con los comicios para las elecciones autonómicas a punto de celebrarse, al gobierno local debería volver a sumergirse en un proyecto que debe arrancar el próximo septiembre.