Los vecinos de Juan XXIII podrán comprar sus viviendas cuando se haya realizado la segunda fase de rehabilitación de los edificios de este núcleo de población. Así lo anunció ayer la consejera de Medio Ambiente y Ser vicios Urbanos, Yolanda Bel, en relación a una moción de urgencia presentada por el PSOE.
Sobre este particular, la portavoz socialista, Inmaculada Ramírez, manifestó que cinco años después de haber disuelto el Patronato que tenía bajo su responsabilidad estas casas y que las mismas habían pasado al patrimonio de la ciudad, los vecinos tenían cierta incertidumbre sobre sus derechos a la compra de las viviendas.
Incluso señaló que el gerente de Emvicesa había unos meses había solicitado que les facilitaran un listado con los nombres de los actuales moradores, además de sus números de teléfonos y que estamos en octubre y que nadie se había puesto en contacto con ellos.
En relación con la moción de urgencia presentada por el PSOE, el Partido Popular indicó su intención de apoyarla, siempre que se introdujeran dos obras importantes que se iban a ejecutar en Juan XXIII.
Por un lado, el proyecto iniciado por la Ciudad Autónoma para la reforma de los bajos de estos edificios, ocupados en su día por un centro escolar, para su transformación, después de once años de abandono, en una escuela infantil dirigida a la etapa entre 0 y 3 años.
Y la segunda de las inversiones es la materialización de un convenio con el antiguo Ministerio de la Vivienda para la rehabilitación de estas viviendas, en lo que sería una segunda fase, ya que la primera la ejecutó en su día el Gobierno autonómico. Lo que desea el ejecutivo de Juan Vivas es que se pueda forzar la reunión de la comisión bilateral que existe con el antiguo departamento ministerial, ahora asumido por Fomento, para acelerar esta obra. Además, en relación con la acusación que se había realizado a Emvicesa, Yolanda Bel dejó bien claro que los contactos seguían manteniéndose de manera regular.
Problemas por el Patronato
En los últimos años de la década de los noventa se hizo dificultosa la rehabilitación de las viviendas de Juan XXIII, puesto que su pertenencia a un Patronato no permitía ni el gasto por parte de la Ciudad Autónoma, ni de la Administración General del Estado, lo que provocaba la desazón de los vecinos. Sin embargo, la firma de un convenio entre las dos administraciones permitió al menos una solución provisional para unos pisos que por entonces ya habían sufrido mucha degradación.
