Los PGE que recuperarán la confianza en España

El Gobierno sube las pensiones y protege los derechos básicos con unos presupuestos austeros y equitativos. El Gobierno prioriza el ajuste presupuestario en el gasto público. El ajuste en el gasto representa un 58% y el de ingresos un 42%. Gracias a esta reestructuración, el Gobierno tiene previsto que se cumpla la previsión de ingresos para 2012. Las medidas tomadas hasta ahora han sido difíciles pero garantizarán la financiación de los servicios públicos y la corrección del déficit.
Aumenta la partida para frenar los intereses de deuda pública, fruto del despilfarro del Gobierno socialista. En 2011, el gobierno socialista gastó 90.000 millones de euros por encima de sus ingresos, que España tuvo que pedir fuera. Ahora, los españoles tenemos que hacer frente a 38.590 millones de euros sólo en intereses de deuda. Recortar un 12% de media para 2013 el presupuesto de cada ministerio. Este ajuste supondrá un ahorro en términos absolutos de 4.335 millones de euros.
Priorizar el gasto social: aumentan las pensiones y las becas. Subirán las pensiones un 1% y se mantendrá la compensación por IPC. El gasto social representa un 63,6% del total. Distribuye el esfuerzo de forma justa: pagan más los que más tienen. Elimina temporalmente deducciones fiscales a las empresas grandes. Prorroga el impuesto de patrimonio. Se creará una nueva autoridad fiscal independiente para prevenir desviaciones y controlar la transparencia de todas las administraciones.
El Gobierno aprobará 43 reformas en seis meses para mejorar la competitividad e impulsar la generación de empleo. Formarán parte del plan de reformas estructurales para el próximo semestre. Entre las medidas, destacan el desarrollo de la reforma laboral, un plan de apoyo a emprendedores, una ley de unidad de mercado, la liberalización de sectores clave y la puesta en marcha de la reforma de educación.
Los PGE de 2013 son serio, riguroso y creíble porque ya se han tomado medidas: Destaca que se ha reducido el gasto ministerial en beneficio del autonómico, ya que “8 de cada 10 euros que las autonomías gestionan van dedicados a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales”. Se ha exigido a las Comunidades Autónomas que se centren en lo esencial y dejen de lado gastos superfluos. Hay que lamentar que los PGE de 2013 esté lastrado por una herencia económica nefasta a la que se destina al pago de deuda generada entre 2007 y 2011 “1 de cada 4 euros que entran en este Presupuesto”. El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2013 es serio, riguroso y creíble porque se basa en el conocimiento de la realidad y se  han tomado medidas para cambiarla. Hay que lamentado que el pago de la deuda lastra muchísimo el margen de maniobra.
El Secretario de Estado y el portavoz de Presupuestos del Partido Popular han destacado una serie de decisiones, como los Reales Decretos-Leyes aprobados antes del verano, que apoyan lo que consta en los Presupuestos y han insistido en que “el estado de ingresos va a tener la financiación adecuada y suficiente para garantizar la Sociedad del Bienestar, la financiación territorial y la subida de las pensiones”. La bajada de la partida destinada a los ministerios. El conjunto del gasto ministerial baja el 8,19%, mientras que las CCAA contarán en el próximo ejercicio con 84.732. Hay que destacar que el conjunto de la financiación territorial en España “ya supera los 100.000 millones de euros y, por lo tanto, no se puede analizar unos PGE sin analizar también los 100.000 millones de euros que nos gastamos entre sanidad, educación y servicios sociales todos los españoles con cargo a los impuestos”.
Gracias a estos presupuestos y a la financiación que se da a los entes locales, que tendrán una dotación de 15.932 millones de euros, 1.000 millones de euros más que en este ejercicio con una subida de cerca del 7%, estos podrán financiar todo ese gasto social que sabemos que están llevando a cabo en este primer escalón de la administración que atiende a todos los servicios de proximidad.
Hay que entender que las CCAA quieran tener mayor financiación pero, en un contexto de crisis económica, lo que tenemos que hacer es ir a priorizar y que ejecuten sus planes económicos financieros, reducir gasto innecesario y centrarse en el mantenimiento de la Sociedad del Bienestar: en la educación, en la sanidad y en los servicios sociales.
Los miembros del Gobierno advierten también que “las disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía se respetan en los términos en los que ha interpretado el Tribunal Constitucional y éste ha dicho que es competencia de las Cortes Generales el concretar, según la situación económica, cuáles son las cantidades que hay que poner”.