Cuando el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, echó mano de toda su verborrea para anunciar que se armaría de valor y ganas con tal de terminar con los llamados pisos patera y el empadronamiento fraudulento que los caracteriza se refería a algo más que cotejar las viviendas en donde se ha permitido que constaran, de forma oficial, hasta 25 personas, buena parte de ellas marroquíes. En esa lucha contra el fraude que ha sido permitido y consentido durante años, a pesar de denuncias públicas como las hechas por el sindicato CCOO o por la Asociación Unificada de Guardias Civiles -esta última trasladó su queja al Defensor del Pueblo-, se incluye una ristra de ciudadanos que siguen manteniendo su residencia en Ceuta por obtener única y exclusivamente beneficios fiscales.
Desde la Delegación del Gobierno, y a través de Hacienda, se ha encarrilado ya una investigación dirigida a estas personas, tras comprobarse -tarea en la que se está en estos momentos- que no residían en el piso reflejado de forma oficial. Ya son varios los que han recibido una carta oficial en la que se les informa de este hecho, dándoles a conocer que tras realizarse las gestiones oportunas se ha comprobado que no residen en la vivienda que hacen constar. Entre ellos hay ya un puñado de guardias civiles, además de otros funcionarios, que están viendo ya la forma de replicar a la institución.
Asimismo desde la propia Delegación del Gobierno se ha instado a la Ciudad a que comience a ‘desempadronar’ a todas aquellas personas que figuran como residentes en una vivienda sin serlo. Se trata, indican desde la plaza de los Reyes, de comenzar a poner orden en torno a un asunto siempre marcado por un caos y un descontrol permitido.
Hay funcionarios que ya han pasado a la reserva y que no viven en Ceuta pero que siguen manteniendo su residencia en la ciudad, obteniendo, por ejemplo, beneficios importantes a la hora de realizar la declaración de la renta. Hay profesionales varios que incluso mantienen una vivienda en la ciudad, alquilada a terceras personas de una manera fraudulenta, ya que son ellos los que siguen figurando como titulares y residentes sin estarlo. A todo este tipo de situaciones es a las que se les ‘quiere meter mano’ a tres bandas, participando la propia Delegación, Hacienda y la Ciudad Autónoma, que este mismo año anunciaba el aumento de agentes para revisar, de forma concreta, el padrón.
Además de los marroquíes que dicen vivir en Ceuta para cobrar el paro, cuando en realidad residen al otro lado de la frontera y además de aquellos que figuran como residentes en viviendas en las que constan decenas de compatriotas, están otros pícaros del sistema que no se llaman Mohamed Mohamed y no han nacido en Castillejos pero cometen el mismo fraude que los primeros.
Militares que han ocupado pabellones sin residir en la ciudad, viviendas familiares en las que sorpresivamente aparece empadronado un individuo que nada tiene que ver con esa familia o profesionales que se han trasladado a la península ‘importando’ de manera fraudulenta su régimen fiscal para lograr un beneficio constituyen esa bolsa a la que, sin referirse de manera expresa, también incluía el delegado en aquel mediático apercibimiento.
Aplicándose el dicho de que ‘las cosas de palacio van despacio’ todavía no se tiene constancia de que la Ciudad haya cumplido su parte del ‘trato’ aportando datos concretos de los afectados por ese ‘desempadronamiento’ solicitado por la ‘casa hermana’.
Esta medida de control afecta además a unos 200 menores extranjeros que constan como empadronados en la ciudad y cuya situación se está también revisando bajo el mismo prisma.
