Categorías: Opinión

Los límites de la seguridad ciudadana

Hemos vivido en Ceuta una situación de auténtica alarma social durante la celebración de las Fiestas Patronales. Los últimos acontecimientos ocurridos (detención de un presunto grupo terrorista ligado al yihadismo, asesinato en plena calle de un presunto narcotraficante,  proclamas de un Imán llamando al “castigo divino” a los policías que detuvieron a los yihadistas….), han sido la causa, según nos han informado, de que el Ministerio del Interior “blindara” la feria de Ceuta. Esto es lo que se ha podido leer en la prensa escrita a nivel nacional. Por su parte, el diario decano de la ciudad, al hacer balance de estos días, recogía en su portada que la crisis y las alarmas habían provocado una menor afluencia de público de unas 3.000 personas.
En nuestro país, es la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana la que regula el ejercicio de las libertades públicas y la seguridad ciudadana. Como se indica en su exposición de motivos, la protección de estos dos derechos constituye un binomio inseparable, al ser ambos el requisito básico de la convivencia en una sociedad democrática. Esto es lo que garantiza la Constitución Española y lo que constituye el núcleo esencial de nuestro sistema público de seguridad. Bajo estos principios han de actuar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de autoridades públicas, especialmente las que los dirigen. Esto no ocurría, ni se garantizaba, en la derogada Ley de Orden Público del franquismo. Las libertades públicas, simplemente no existían. Por ello, en dicha Ley se contemplan, entre otros aspectos, las medidas preventivas en los espectáculos públicos, junto a determinadas actuaciones relevantes para poder garantizar estos derechos. Y también se establece un régimen sancionador. Por tanto, es a la luz de estos principios como se ha de analizar la actuación del Delegado del Gobierno de Ceuta en las fiestas patronales. Pero antes de nada, lo anterior se ha de relacionar con otras dos cuestiones. La primera es el principio de proporcionalidad, que ha de presidir todas las actuaciones públicas. Sobre todo en aquellos aspectos que pueden afectar a derechos de las personas, tales como la libertad o la seguridad. Por otro lado, hay que ser conscientes de que la seguridad ciudadana no puede ser garantizada en su totalidad. No es posible, ni viable, poner un policía en cada esquina. Pero aún así, esto tampoco acreditaría la seguridad íntegramente. Un triste ejemplo es la violencia de género. A pesar de todos los medios que se ponen para proteger a víctimas, los actos criminales se siguen produciendo. Pues bien, si combinamos ambos principios con lo anterior, el resultado no puede ser otro que la prudencia y la discreción. Si la actuación de los funcionarios encargados de nuestra protección no se hace bajo estas premisas, los resultados pueden ser los contrarios a los buscados. Es lo que ha ocurrido en este caso.
No tengo duda alguna de que el Delegado del Gobierno de Ceuta ha tomado esta decisión guiado por los mejores deseos de servir al ciudadano y garantizar su seguridad. Tampoco dudo de que para adoptar dicha medida habrá contado con el asesoramiento de los mejores profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, discrepo radicalmente de que el mismo haya tenido los efectos que se perseguían, sobre todo en lo referente a garantizar la tranquilidad. Yo no lo he estado. Y creo que algunos miles de ciudadanos más, tampoco. Muy al contrario. Lo que más me inquietaba era, precisamente, el pensar que si uno de los Ministerios del Interior más experimentados y eficaces del mundo en la lucha antiterrorista hacía esto, era porque algo grande podía pasar. Por esta razón, el único día que fui a la feria, lo hice con cierto temor. Me preocupaba que algún pequeño incidente ( un simple grito, o el estruendo de un inocente petardo tirado por un niño), pudiesen provocar una estampida descontrolada de personas, como las que se han vivido en otros eventos masivos. Personalmente pienso que el dispositivo de seguridad desplegado ha sido un alarde innecesario y costoso de poderío, frente a un enemigo muchas veces “invisible”. Posiblemente con menos, o sin tanta ostentosidad, se hubiera conseguido el mismo efecto preventivo ante los delincuentes, y mucha menos inquietud entre los ciudadanos (al menos entre aquellos que no nos gusta celebrar la feria en el patio de una comisaría). Y si lo anterior se hubiera acompañado de algunas campañas promocionales entre los más desfavorecidos, quizás se hubiera neutralizado el devastador efecto que la crisis económica está provocando en la sociedad.
Ah. Un consejo para los asesores de imagen de la Delegación de Gobierno. Un Delegado no necesita escribir cartas al director para expresar sus opiniones, o para explicar sus actuaciones. Hay otras vías mucho más serias y efectivas.

Ah. Un consejo para los asesores de imagen de la Delegación de Gobierno. Un Delegado no necesita escribir cartas al director para expresar sus opiniones, o para explicar sus actuaciones. Hay otras vías mucho más serias y efectivas.

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