Los jueces se adhieren a la propuesta de mejora de la Justicia con dos discrepancias

• “Unanimidad” en la Junta de Jueces salvo en dos de los puntos recogidos en el documento estatal: el nombramiento de los altos cargos judiciales y la implantación de los tribunales a distancia.

• Cuatro asociaciones elaboraron a nivel estatal el documento refrendado en Ceuta.

Los jueces de Ceuta han decidido adherirse al documento de propuestas para la mejora de la Justicia que han elaborado a nivel nacional las cuatro asociaciones judiciales mayoritarias. Las reivindicaciones de la judicatura se resumen en tres grandes líneas: reforzar la independencia judicial; modernizar la Administración de Justicia y prosperar en las condiciones profesionales.

El juez decano de Ceuta, Antonio Severo, informó ayer de que la Junta de Jueces convocada el pasado martes decidió sumarse a las propuestas del Foro Judicial Independiente, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia, como ya ocurrió en otras autonomías.

Los doce jueces más el decano –Primera Instancia e Instrucción, De lo Social, Contencioso-administrativo, De lo Penal, Vigilancia Penitenciaria y Menores– acordaron por “unanimidad” suscribir 12 de los 14 puntos que contiene el documento.

Los aspectos en los que la grey judicial no alcanzó el consenso fueron relativos al nombramiento de los altos cargos judiciales (punto 3) y sobre la implantación de los tribunales de instancia (7.a).

El primero de esos puntos que generó discrepancias entre sus señorías consistió en definir “previamente” los perfiles de los puestos a cubrir. En este apartado, los redactor del documento propugnan procesos “transparentes”, con fijación de unos criterios “objetivos” basados en el “mérito y capacidad e igualdad de género”. La “limitación de mandatos” y el “nombramiento” será prorrogable “por una sola vez”, agregan los autores del escrito. La exigencia de motivación, no solo respecto a los méritos del designado, sino también en su relación con los de los demás aspirantes, es otro de los asuntos que incorpora. Finalmente, en los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, proponen que sea precisa una mayoría cualificada.

La implantación de los tribunales de instancia tampoco logró el consenso absoluto en el seno de la Junta de Jueces de Ceuta. Las cuatro asociaciones que impulsan esta propuesta respetan las exigencias de “independencia e inamovilidad”, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas. “Mientras tanto, deberán de crearse órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad, habida cuenta de que en los últimos años no se han creado juzgados”, concluye el segundo punto que desunió a la judicatura.

Independencia judicial

Dentro de las propuestas para reforzar la independencia judicial que sí apoyaron los jueces de Ceuta, sus señorías apuestan por un sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por los jueces y las juezas, asegurando la “igualdad de género y la presencia de las minorías”; la sustitución del funcionamiento presidencialista por el colegiado del órgano; la dedicación “exclusiva” de los vocales y la “recuperación” de las competencias que tenía con anterioridad a la Ley Orgánica 4/2013.

En ese mismo sentido, abogan por que el CGPJ ampare “de modo efectivo” a los miembros de la carrera judicial de cualquier “ataque recibido que afecte a su independencia”. Asimismo, les resulta llamativa la “escasa” utilización del procedimiento de amparo previsto en los artículos 14 LOPJ y 318 Reglamento 2/2011 por parte de los jueces y juezas.

La supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos supone otro de los puntos demandados al Ministerio del ramo.

Modernización

En el ámbito de la modernización de la Administración de Justicia, a fin de dotarla de “calidad y eficacia”, los magistrados respaldan un plan de inversión “suficiente y prolongado” a fin de conseguir un servicio público que asegure la “calidad” de la respuesta, “rapidez” en la resolución y garantías de los derechos fundamentales, todo ello en el marco de una organización judicial “rigurosa y eficiente”.

Para la modernización de la Administración de Justicia, los jueces demandan un “importante esfuerzo” que se traduzca en un “plan decenal de inversiones prorrogable”. Entre otros aspectos, destinado a “incrementar” el número de jueces y juezas, “equiparándolo a la media europea”, convocando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años (incluyendo el turno libre y el cuarto turno). Sus señorías añaden la modernización de los edificios judiciales; la implantación del expediente judicial “útil y operativo que facilite” el ejercicio de la función jurisdiccional, dotando a jueces y juezas de los medios técnicos “necesarios” para poder desempeñar su función jurisdiccional usando las nuevas tecnologías; y, finalmente, procurar los medios “necesarios” para hacer “efectivos” los derechos reconocidos en las leyes (así, en el Estatuto de la Víctima y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el derecho a la interpretación y traducción en los procesos penales, entre otros).

En cuanto a la racionalización de la planta judicial, el documento plantea la pertinencia de la eliminación de la figura de las adscripciones forzosas. Su propuesta persigue evitar la “precarización” judicial, suprimiendo las figuras de “sustitución y refuerzo” en el periodo de prácticas formativas, respetando “escrupulosamente” el derecho-deber a una formación inicial y una “adecuada” formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas.

La revisión de la Oficina Judicial, sobre las experiencias piloto, es otra de las reivindicaciones de este colectivo profesional. Su empeño está encaminado a invertir en su implantación, atendiendo a los principios de “eficiencia, coordinación y delimitación de funciones”. La Oficina Judicial tiene como finalidad, argumentaron, “apoyar y facilitar” el trabajo de los órganos jurisdiccionales, por lo que en supuestos de controversia “deberá establecerse la intervención de los órganos de gobierno del Poder Judicial para adoptar la oportuna decisión”.

Condiciones personales

Respecto a las condiciones profesionales, la grey judicial insiste en la convocatoria “inmediata” de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones y reclamar las “mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos siete años”.

La reclamación de la recuperación del del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la “supresión y reducción” por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad, es otra de las solicitudes a la cartera que ostenta Rafael Catalá. Un apartado en el que incluye la implantación “urgente” de unas cargas “máximas de trabajo”, con la participación de las asociaciones judiciales en la fijación de las mismas, y la adopción de “medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales”.

Para finalizar, la judicatura pide a la Administración que garantice una “adecuada” asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) para resolver la “problemática específica planteada en todo momento” por los jueces y juezas.

Otros apuntes

Consenso

Asistencia de los jueces de la Audiencia

A la Junta de Jueces del martes pasado asistieron, además de sus integrantes más el decano, los titulares de la Audiencia Provincial, con lo cual la “unanimidad” alcanzada en el seno de esta reunión se generaliza al conjunto de la grey judicial.

Ningún tipo de medida

“No se habló nada de huelga”, reiteró Severo

Antonio Severo, juez decano de Ceuta, insistió en que “no se habló nada de huelga” despejando así cualquier duda sobre la inserción de esta medida en el orden del día de la Junta de Jueces. En otras autonomías, que no en la ciudad autónoma, como aclaró Severo, los jueces no descartan ir a la huelga si la Administración de Justicia no atiende las mejoras propuestas en la documento.