Los “huidos” de Waterloo

Para este lunes tenía preparado otro artículo que nada tiene que ver con el llamado “procès” separatista de Cataluña, con cuyo manido tema comprendo que pueda tener ya más que cansados a los posibles lectores. Pero con frecuencia ocurre que surgen luego nuevos acontecimientos sobrevenidos que me hacen posponer artículos ya escritos, para priorizar otras noticias de mayor actualidad.

Y ya saben que el separatismo es una máquina de fabricar titulares inventados casi a diario que, en materia procesal, suelen tener por objeto retardar deliberadamente la acción de la justicia cuando les interesa provocar dilaciones que puedan serles favorables, como en el caso que voy a referir. Resulta que al magistrado Llarena, instructor de las Diligencias Previas nº 82/2017 contra los procesados por presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, etc., al hombre se le ocurrió llamar por dos veces en un Auto “huidos” a Puigdemont y sus ex consejeros Lluis Puig y Clara Ponsatí, que con él se fugaron. Y, como es público y notorio, los tres se escaparon a prisa y corriendo, huyendo de la justicia.

Claro, el magistrado les trata en dicho Auto de “huidos”, porque eso fue exactamente lo que hicieron: “huir”. Y estos buenos señores/a montaron en cólera e instaron ante la Sala del Tribunal Supremo un escrito de aclaración y rectificación, quejándose - muy dolidos ellos - de que se les tratara con tanta desconsideración, porque dicen que debía habérseles tratado con mayor respeto, llamándoles procesados, ausentes o exiliados. Aclaro que esto sucedió tras haberles llamado dicho instructor a declarar en tañes Diligencias, sin que los fugados hubiesen comparecido, por lo que el juez acordó su busca, captura e ingreso en prisión, mediante requisitoria. Recordarán cómo fue aquella precipitada huida. En cuanto Puigdemont y los otros dos supieron que el “155” había sido activado por el Senado, les entró tal temblor sudoroso piernas arriba, complicado con determinadas incontinencias colindantes con el suelo pélvico, que se zurraron y dieron el más grande de los saltos saliendo que se las pelaban con un coche a toda máquina en el que escaparon hacia la frontera hispano-francesa, para no ser atrapados.

Pasaron a Francia, siguieron hasta Bélgica, donde ya más tranquilos pararon a suministrar combustible y pusieron el GPS dirección a Waterloo, para imitar al valiente estratega Napoleón Bonaparte, que allí fue derrotado, apresado y después encerrado en la isla de Santa Elena. En Watwerloo, alquilaron una enorme mansión por el “módico” precio de 4.500 euros mensuales ganados con el sudor de todos los españoles, bautizándola con el rimbombante nombre de “Casa de la república catalana en el exilio”, con todo lo que eso viste y farda.

Y allí siguen, esperando que algún día puedan brindar con champán por la victoria que Napoleón esperaba allí conseguir, aguándosele luego la fiesta al terminar al ser derrotado. Supongo que elegirían aquel lugar más por su renombre histórico que por el resultado de aquella batalla por el emperador galo perdida.

Y lo que sí parece claro es que, si ellos terminaran como el Bonaparte, ya no serían encerrados en Santa Elena, sino que lo más probable sería que fueran a Alcalá Meco. Pero es comprensible que Puigdemont quiera explotar tan emblemática marca para su añorada “casa de la república”, con lo atrayente y sugestivo que debe resultar imitar a todo un emperador francés, sobre todo, para quien también aspira a ser emperador de los por él llamados “países catalanes”, a modo de como si él fuera otro titán que nada desmereciera del francés.

Y, claro, eso de que ahora Llarena le llame “huido” supone para todo un ex molt honorable president un alto deshonor y una indecorosa afrenta personal que le hace caer en vergonzoso demérito, al lado de su “vice” Junqueras y demás compañeros a los que él dejó tirados en las cunetas de Cataluña, pero que, pese a ser presuntos delincuentes como él, al menos tuvieron lo que un hombre tiene que tener para aguantar el tipo aquí en España prefiriendo ir a la cárcel antes que arrostrar el deshonor de ser conocidos como los “huidos” de Waterloo.

Recordarán cómo el “1-O” (hoy celebran el aniversario) Puigdemonst, entonces muy gallito, pavoneándose y sacando pecho, jaleaba a las masas electorales para que todos acudieran sin miedo a votar a los “chiringuitos” montados para su inventado “proceso de participación ciudadana”, que ahora invocan como “referéndum” diciendo que el 80 % votó independencia, pese a haberlo prohibido el Tribunal Constitucional y que sólo obtuvieron un 47 %; eso sin interventores y contándose ellos mismos los votos a su medida. Aquel “valiente” Puigdemont les alentaba a votar, asegurándoles que no les pasaría nada porque él era el único responsable que asumía todas las consecuencias; aunque a la hora de entrar en “chirona”, dejó a todos vendidos, y se largó “pa” Waterloo a lo Chiquito de la Calzada: “hasta luego, Lu…cas”.

Y los huidos de la justicia, ¿qué son para el pueblo llano?. Pues el que huye que se las pela para escapar a la Justicia. En el Derecho Procesal es conocido por fugado o prófugo.

Y como los jueces saben que “huido” equivale a fugado, e igual a prófugo, pues el Tribunal Supremo que examinó la petición de rectificación, falló por unanimidad que el tratamiento de “huidos” que Llarena les dio, resulta ajustado a derecho y no supone ninguna desconsideración; es decir, tanto el instructor como la Sala sólo hicieron llamarles por el nombre de los propios actos que realizaron, son “huidos”, porque “huyeron” de la “quema”.

Pero los separatistas sabían muy bien que no les darían la razón. A ellos les da igual, precisamente por eso, por estar “huidos”. Pidieron la rectificación con el único propósito de utilizar tácticas dilatorias que puedan retardar la vista de la causa cuanto más mejor; y, de paso, inventarse otro supuesto motivo más para hacer propaganda mediática sobre una presunta falta de independencia e imparcialidad de la Justicia española, para desacreditarla, dando con ello la apariencia ante el mundo de que el Estado español reprime y atropella sus derechos, y la Justicia les persigue y encarcela políticamente, porque dicen que en España no hay justicia, y que quien la quiera tiene que irse a Bélgica a pedirla.

Un lío parecido es el que Torra también tiene armado por el hecho de que determinados jueces hayan intercambiado entre sí algunos mensajes con comentarios privados sobre si los separatistas son o no golpistas y racistas. Y los jueces y fiscales, como los demás ciudadanos, tienen el mismo derecho de opinión y de libre expresión dentro de su ámbito privado; nadie puede pretender que no piensen ni tengan sus propios sentimientos personales mientras que los mismos no trasciendan de su esfera personal y no afecten al ejercicio de sus funciones públicas en alguna de las causas de las que estén conociendo.

De manera que lo actuado a título particular entre algunos jueces ajenos al proceso, es jurídicamente irrelevante. Otra cosa sería si hubiesen estado conociendo del asunto y se hubieran concertado para condenar injustamente a los separatistas que les correspondiera juzgar.

Y es que ahora la han tomado con el rey y con la Justicia, llegando a pedir hasta la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Con ello persiguen desacreditar las instituciones básicas del Estado, para debilitarlo, y volver a dar el golpe; como cuando presionan y acosan a los que les juzgan, manifestándose ante el TSJ de Cataluña y desplazándose tumultuosamente antes las puertas del Tribunal Supremo con ánimo de influir en sus sentencias. El mismo Torra ya declaró que “no permitirá que la sentencia final no sea otra que la absolución”, incluso llegando a apuntar veladamente que podría abrir las puertas de la cárcel.

Les acosan y presionan también a nivel personal, haciéndoles el vacío social, con escraches, pintadas alusivas en sus viviendas, etc. Desde septiembre de 2016 hasta hoy, 67 magistrados destinados en Cataluña tuvieron que marcharse destinos fuera. Lo que pretenden es que se vayan los jueces no afectos al “procés”, para nombrarlos ellos a “dedo”, como pretendían hacer si hubiera triunfado el golpe. Mas los independentistas han orquestado también otra campaña exigiendo la puesta en libertad de los que insidiosamente llaman “presos políticos”.

Están ablandando el rigor de la ley y creando el clima político propicio para que sean puestos en libertad. ¿Qué se puede esperar así de analfabetos en materia de separación de poderes e independencia judicial?. Recientemente, en un homenaje al ex consejero Forn, se llegó a gritar públicamente: ¡Llarena, a la cárcel!.

Pues reitero mi modesto reconocimiento y solidaridad con los miembros de la Justicia desde estas páginas, por los destacados servicios que en momentos tan difíciles están prestando a España en defensa de su unidad, que nuestra Constitución exige.

Ellos quieren “dialogar”sin condiciones previas, pero con la imprescindible condición suya de que el diálogo sea para tratar de la independencia de Cataluña.

En eso, no hay nada ni nadie que les pare. Pretenden romper España por cansancio, agotamiento, cabezonería y terquedad, aunque para ello tengan que retorcer la historia y hacer que se junte el cielo con la tierra, sin importarles los gravísimos perjuicios que crean a Cataluña.

Ahí tienen como prueba irrefutable las más de 4.500 empresas que ya han “huido” fuera; las inversiones extranjeras han caído allí un 41 %; el turismo, su buque insignia, se hunde; y la actividad económica decrece mientras que el paro aumenta.

Mientras tanto, siguen su labor de acoso y derribo contra los catalanes constitucionalistas, a los que de forma peyorativa y con gran desprecio llaman “charnegos”, incluso amenazándoles, como hicieron hace sólo unos días en la Diada, dando la consigna a sus llamados “comités de defensa de la república” de ocupar los espacios públicos para expulsar de ellos al “enemigo”. Quieren irse de España para ser independientes y hacer extranjeros en su propia tierra al 53 % de los catalanes que también quieren ser españoles.

Pero, eso sí, económicamente no quieren desasirse de la malvada España, a la que deben 54.282 millones de euros, siendo la Autonomía que más uso y abuso ha hecho del Fondo de Liquidez Autonómica, en detrimento de las demás Comunidades Autónomas. De no ser por España, Cataluña estaría en quiebra.

Ahora quieren otros 7.607 millones, pero ya no del FLA, sino para ajustar las cuentas de lo que se han inventado que España les debe, exigiéndole también 2.871 millones para la Ley de Dependencia, y otros 583 millones para los Mossos.

Para ellos España cuenta sólo para pagarles; para cobrar ya están ellos. Y conseguirán más. Empezaron con un “globo sonda” sobre la necesidad de “reestructurar la deuda” mediante una “quita” o reducción parcial. Y ahora ya pretenden que esa deuda con España se convierta en “deuda perpetua”, o sea, dejarla para siempre sin pagar.

Quieren irse del opresor Estado español, independizarse, ser nación y estado soberano; pero exigen seguir amarrados a España para que les financie el próximo golpe que den en cuanto terminen de debilitar al Estado, para que les salga gratis, costeándoselo el propio Estado al que quieren romper.

¡Ojo!, a partir de hoy, amenazan con oviliza si no hay absolución de los presos, con desobediencia civil y desórdenes callejeros. Y Torra nombrará un foro constitucional que empiece a trabajar para implantar su “constitución”. ¿Se puede chantajear más al Estado, poniendo a los demás españoles el alma en vilo?.

¿Por qué se les permite tanto y no se frenan en seco sus continuos pulsos, desafíos, retos, amenazas, tropelías y desafueros al Estado?

Los separatistas viven de tensionar cada vez más la situación, de provocar echándole una y otra vez más pulsos a España para causarle desestabilización, ocasionándole el mayor daño posible. Lo que con ello persiguen es poner nervioso al Estado y que no pueda reaccionar, ganarle la partida, para que se les deje conseguir su objetivo de romperlo por agotamiento, por extenuación y para que les dejemos definitivamente hacer lo que les dé su imperiosa y real gana.