Mirchandani y Jaramillo dicen que eludieron el concurso e hicieron una contratación verbal por ahorro y para salvar los Reyes de 2013
La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para ambos por obrar con arbitrariedad y evitando la concurrencia
El Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta dejó ayer por la tarde visto para sentencia con la máxima petición posible de la acusación pública por prevaricación el juicio contra el ex consejero de Festejos del Gobierno autonómico, Premi Mirchandani, y el que fuera ex viceconsejero del mismo ramo, Salvador Jaramillo, por las formas presuntamente “arbitrarias” y “al margen del procedimiento administrativo” que utilizaron durante la segunda mitad de 2012 para comprar a una empresa valenciana nueve carrozas por cerca de 90.000 euros.
Tras más de seis horas de declaraciones, la Fiscalía concluyó la vista oral solicitando para los dos acusados la máxima condena contemplada en el Código Penal por un delito de prevaricación administrativa: diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para presentarse a unas elecciones. El Ministerio Público mantuvo que ambos efectuaron sin consignación presupuestaria una contratación verbal justificada en razones de emergencia sin base para tramitarla como negociado sin publicidad con el supuesto objetivo de dar satisfacción a su “capricho arbitrario” de concertar la operación con la empresa valenciana 'Artesanía Beltrán Capsir'.
“Se eliminó la transparencia y la posibilidad de concurrencia alegando que era la única de España que podía hacerlo, algo que puede rebatirse haciendo una búsqueda en Internet, y nunca se comunicó por escrito la adjudicación ni constan acreditadas las razones de emergencia”, expuso el fiscal, que tampoco vio en el resultado de las adquisiciones la “magnificencia” que hubiese amparado la elección “digital” de sus autores.
Las defensas reclamaron la absolución alegando que va contra la doctrina jurisprudencial “el automatismo de querer convertir cualquier irregularidad administrativa en prevaricación si no hay dolo, ilegalidades severas, perjuicios para la ciudadanía, abuso de poder o voluntad de imponer el mero capricho de la autoridad”. Igualmente sostuvieron que el Área de Festejos optó por 'Beltrán Capsir' por “razones artísticas” porque a Jaramillo le gustó su trabajo para el Ayuntamiento de Madrid y porque “el coste de la compra de nueve carrozas era similar e incluso algo inferior al pagado cada año por el alquiler de seis a una empresa de Cádiz en ejercicios anteriores”.
El ex consejero y el ex viceconsejero justificaron la “emergencia” que desde su punto de vista avala la contratación verbal, pese a no haber Decreto razonándola, en que en noviembre de 2012, cuando el Área de Contratación les alertó de que no era posible tramitar un procedimiento de compra ordinario por falta de presupuesto, “no había alternativa para no dejar sin Cabalgata de Reyes, el mayor evento social del año en Ceuta”.
Por el Juzgado pasaron como testigos el ex consejero de Hacienda y actual senador Guillermo Martínez; la secretaria general de la Ciudad, María Dolores Pastilla; el interventor de la Administración, José María Caminero; el contratista (que terminó cobrando en 2014 mediante un reconocimiento extrajudicial de deudas) y un técnico de Administración General, Pedro Ruiz, que entre contradicciones fue el único que aseveró que la compra se gestionó “sin consignación presupuestaria y sin posible justificación de emergencia”.
El ex secretario general del PSOE, José Antonio Carracao, que llevó el tema a la Fiscalía, no compareció como testigo.
“Hablé más con Jaramillo para cobrar que para contratar” Entre múltiples y reiterados problemas técnicos para desesperación del titular del Juzgado, el contratista de las carrozas, responsable de ‘Beltrán Capsir Artesanos’, supuestamente “la única empresa de España” capaz de hacer carrozas de mimbre del nivel que quería Festejos, aseguró ayer por videoconferencia desde Valencia que “nunca hablé con Mirchandani y con Jaramillo lo hice más veces para cobrar [no lo consiguió, vía reconocimiento extrajudicial de deudas, hasta enero de 2014] que para contratar”. Pese al perfil elitista que se dibujó de su compañía, el empresario dijo que con la Ciudad hizo su primer trato con una Administración (“lo de Madrid fue con ‘El Corte Inglés”) y afirmó que aceptó el encargo “por teléfono” y sin que nunca le llegase una confirmación por escrito.
“Misterios” por resolver El ‘caso carrozas’, que estalló públicamente poco después del escándalo de la Feria de Día de 2014 que terminó con las dimisiones de Jaramillo y Mirchandani, ha dejado en sede judicial varios “misterios”, según la terminología utilizada por el propio fiscal, que no se resolvieron.
Uno de ellos, eludido por todas las partes pese a la insistencia del Ministerio Público, es cómo es posible que, dando por buenas las versiones de los dos acusados, hasta la Navidad de 2012 a 2013 la Ciudad pagase por el alquiler de media docena de carrozas cada año “lo mismo”, incluso más, de lo que costaba comprar nueve de mejor material (hierro y mimbre con luces LED en lugar de cartón-piedra).
Tampoco quedó del todo claro por qué Festejos remitió a Contratación un procedimiento de negociado sin publicidad cuando, según Guillermo Martínez, optando por esa fórmula no era necesario sacar ese trámite del Área que llevaban los dos acusados.
Menos esclarecido se dejó el hecho de que la Consejería de Hacienda respondiese a Festejos que no había “ni un duro” para carrozas el 6 de noviembre cuando, exactamente una semana antes, el Consejo de Gobierno había aprobado “por unanimidad” darle cobertura presupuestaria, aunque fuese con cargo al año siguiente.
Igualmente entre interrogantes se dejó por qué la Ciudad no saldó la cuenta con los artesanos valencianos hasta enero de 2014 si supuestamente había una partida para hacerlo desde 15 meses antes.
¿Prevaricación o una irregularidad administrativa? Además de en devaluar, cuando no defenestrar, el testimonio del técnico de Administración General Pedro Ruiz (primero aseguró que Mirchandani y Jaramillo obraron “sin consignación presupuestaria” y “sin poder apelar a razones de emergencia”, después a la vista de varios documentos que “desconocía” matizó su certidumbre y finalmente volvió a su convicción inicial), las defensas de los dos ex políticos se esforzaron en la exposición de sus conclusiones en subrayar su negativa al “automatismo” de vincular “cualquier irregularidad administrativa o infracción jurídica con un delito penal de prevaricación”. “Bastaría con que no se probase uno de los cinco requisitos establecidos por la jurisprudencia pero en este caso consideramos que no se da ninguno”, llegó a poner de relieve el letrado del ex viceconsejero, que estimó que “solo falta la declaración de emergencia para que el expediente sea inmaculado”. La secretaria general de la Asamblea, María Dolores Pastilla, dijo no haber tenido conocimiento directo alguno del procedimiento y Martínez opinó que conseguir que saliese la Cabalgata era “una obligación” del consejero competente.
Los hechos Verano 2012: “Razones artísticas” Jaramillo contactó con la empresa valenciana ‘Beltrán Capsir’ en julio de 2012 tras ver su trabajo para una Cabalgata en Madrid por ‘Youtube’. Le gustó el resultado “artístico” y “artesano” de hierro y mimbre con iluminación LED y pidió precios. Por comprar nueve carrozas “que servirían para 3 ó 4 años” le pidieron “lo mismo o algo menos que lo que se venía pagando cada año por el alquiler de seis”.
Procedimiento: Ida y vuelta El 21 de agosto, Festejos remitió a Contratación un expediente para tramitar un negociado sin publicidad con ‘Beltrán’. En septiembre, Jaramillo desestimó formalizar otro arrendamiento en Cádiz confiado en que la compra prosperaría pero el 6 de noviembre desde Hacienda se dijo que no había dinero pese a que un semana antes el Consejo de Gobierno lo había consignado con cargo al año siguiente.
Emergencia: “Había que estar ahí” Ante el revés de Contratación y a dos meses del día de Reyes, Jaramillo y Mirchandani decidieron efectuar una contratación verbal, por teléfono, apelando a “razones de emergencia” pese a que no había Decreto certificándolo pero “con consignación presupuestaria”.