Los cinco trabajadores de Emvicesa que tienen abiertos el expediente contradictorio por parte de la Consejería de Fomento por estar investigados en el ‘caso Emvicesa’ han solicitado en escritos entregados en el registro de la sociedad municipal la anulación del mencionado expediente contradictorio, al considerar que se han producido varios errores por parte del equipo de Gobierno.
En primer lugar, entienden que se ha cumplido el plazo porque la legislación establece dos meses, desde que tuvieron conocimiento de los hechos, para sancionar o no. Fue el 16 de abril cuando Emvicesa conoció el contenido del sumario del ‘caso Emvicesa’. Según el abogado de estos cinco trabajadores, el 16 de junio finalizó el plazo para haber instruido el expediente, no para comunicar el comienzo del mismo. Asimismo, recusan tanto al instructor como a la secretaria, ya que los mismos, presentando copias del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma figuran como asesores del presidente Vivas y, por tanto son cargos políticos.
En otro orden de cosas, aluden a que en el documento firmado por el instructor se les achacan más delitos de lo que la propia juez del ‘caso Emvicesa’ les inculpa en sus primeras valoraciones. Indican que ellos están en consideración de investigados por un presunto delito de prevaricación y que, en este caso, le incluyen el mismo, pero además el de falsedad de documento y se insinúa que han podido cobrar dinero por la venta de viviendas de VPO.
Desde que el pasado viernes se les comunicaron la apertura de los expedientes tenían un total de diez días para presentar sus correspondientes alegaciones, habiendo recibido todos ellos el asesoramiento del gabinete jurídico de la Unión General de Trabajadores.
Ahora, le corresponderá a Emvicesa, por un lado, resolver la recusación tanto del instructor como de la secretaria y posteriormente entrar en el fondo de los argumentos que han expresado los mencionados trabajadores.
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