Se acuerda usted de la expresión “más falso que un duro de plástico”, pues bien, eso es el esperpento que está montando la oposición con los papeles de un presidiario, que el diario El Mundo publica bajo la sospecha de ser el mejor postor de un Bárcenas con las cuentas bloqueadas, que acaba de contratar a un flamante abogado que cobra 400 euros la hora, y que a la sazón es colaborador principal de Orbyt.
Las tres condiciones que según el derecho procesal son suficientes para admitir la antigüedad de un documento son: que conste en escritura pública, que fuesen incorporados en su momento a un expediente oficial, o que su autor haya pasado a mejor vida. Ninguna de estas tres condiciones se cumplen y por tanto no hay toro que lidiar. Esa es una diferencia fundamental entre un Estado de Derecho gobernado por un PP que sin lugar a dudas necesita renovarse, y la nueva versión del Gran Hermano que calienta los kioskos con portadas de vodevil.
La propuesta de moción de censura, tan falsa como los EREs andaluces, que el debilitado líder de un partido socialista en plena hecatombe, mal aconsejado por aquellos que quieren quitárselo de en medio, ha lanzado, puede transformar a Rubalcaba en el nuevo Hernández Mancha. El antiguo ministro del caso faisán y ex-portavoz del gobierno de los GAL (menudo currículum) se ha lanzado a la piscina sin saber si estaba llena, incitado por aquellos que desean verle contando nubes junto a Zapatero.
La oposición no tiene ninguna autoridad moral para alzar la voz en casos de corrupción o financiación ilegal de partidos. Aquí de nuevo tiene sentido la frase cristiana: “que tire la primera piedra el que esté libre de pecado”, pero en este caso todos se han lanzado en tropel como si fuesen angelitos que nada tuviesen que ver con la corrupción que asola España desde los tiempos del Duque de Lerma.
Alguien debería recordarles a estos diputados que todos los partidos que tienen representación en el Congreso, o algunos de sus miembros han sido condenados por corrupción, o tienen causas abiertas con la justicia, o el partido ya ha sido sentenciado por financiación ilegal como es el caso del PSOE.
Si la oposición verdaderamente quiere acabar con todo esto debe dejarse de hacer aspavientos y pantomimas y ponerse a trabajar pronto y duro. Si de verdad quieren combatir contra este latrocinio generalizado ¿Por qué abandonaron la ponencia de la nueva Ley de Transparencia? ¿Por qué demoraron y bloquearon la aparición de un nuevo instrumento que pretende impedir la corrupción? ¿A quién beneficia ese espectáculo? Desde luego a España, no. Todo esto solo tiene una respuesta: la carencia de alternativa política al gobierno popular se plasma en la aparición de pueriles pataletas que llenan las portadas de periódicos convertidos en el salsa rosa de la política.
Y lo que es peor, nadie le canta las cuarenta en bastos, o en oros, a una fiscalía anticorrupción y un sistema judicial que necesita de mayor celeridad, más recursos y dejar de matar moscas a cañonazos cuando la realidad parece cocerse en otros calderos de mayor altura.
La sociedad española necesita con urgencia que se lidere una lucha contra la mortal hemorragia que supone el cohecho y la corrupción para la democracia, bien sea un partido popular que haya purgado responsabilidades, o una oposición que ni está ni se le espera, pero se le necesita para la buena salud del país.