En el documento aprobado por los dos gobiernos se insiste en la necesidad de poner al día y mejorar el cuadro de incentivos que configuran el Régimen Económico y Fiscal Especial de las dos ciudades en orden a lograr que, de acuerdo con su originaria concepción, sea un instrumento eficaz para atraer la localización de empresas y fomentar la inversión y el empleo, en suma para lograr una estructura productiva sólida y estable; nos proponemos plantear, durante la próxima legislatura, las iniciativas siguientes:
En el IRPF: ampliar la bonificación. En sociedades: Elevar la deducción por rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla; aplicar a las entidades no residentes el Régimen que, en el IRPF, se contempla para las personas no residentes; clarificar, con amplitud de miras, la interpretación acerca de lo que se considera ciclo mercantil completo; y establecer el tipo del 1% para las entidades implantadas que cumplan con determinadas condiciones de inversión y empleo, en términos parecidos a los contemplados en las zonas económicas especiales del archipiélago canario
De igual forma, promoverán el estudio sobre las reglas de localización de actividades en la imposición indirecta, al objeto de instar, si procede, su posible revisión para estimular los servicios destinados a no residentes.
Por último, seguirán solicitando la ampliación de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social hasta extenderlas a todos los sectores productivos.
Al servicio de los objetivos que justifican la existencia del REF, y para evitar interpretaciones restrictivas del mismo en cuanto a su aplicación, promoverán la creación de un Observatorio encargado, entre otros cometidos. Simultáneamente, en relación con el señalado objetivo de potenciar el tejido productivo, será imprescindible apoyar a las PYMES locales, incentivar el espíritu emprendedor y activar el desarrollo de sectores estratégicos.
entre ellos, el comercio, el turismo, las actividades portuarias, los servicios profesionales y las telecomunicaciones.
La reforma del IPSI
Plantearán la reforma legal del IPSI para convertirlo en un impuesto similar al IGIC vigente en Canarias con tipos reducidos, lo que permitiría, entre otras positivas consecuencias: Eliminar el gravamen sobre la mercancía almacenada, de forma que solo tributarían las ventas efectivamente realizadas; evitar el efecto cascada que en determinadas actividades se produce; y posibilitar la devolución del impuesto en las compras efectuadas por turistas o viajeros.
Al mismo tiempo, solicitarán la aplicación de un sistema de pagos a cuenta en la compensación legal establecida para suplir pérdidas de recaudación debidas a causas estructurales, y ello con la expresa finalidad de eliminar los cuantiosos costes financieros que el sistema actual supone.
Mejores ayudas desde Europa
Se necesita un mejor trato por parte de Europa donde se contemplen las especificidades en el reparto de los Fondos Estructurales y de Cohesión para el próximo periodo de programación, de forma tal que el PIB per cápita no sea la única variable a tener en cuenta; y la autorización, en lo que proceda, de las ayudas de Estado que sean precisas para alcanzar unos niveles de vida y de servicios básicos iguales a los del resto del territorio.
Reducir las tarifas portuarias
Mejorar sustancialmente las comunicaciones y el transporte de pasajeros y mercancías con la península, en calidad y precio, así como también pretenden, con apoyo en similares argumentos, la reducción, en un 50%, del bloque tarifario de nuestros dos puertos, y ella al amparo del reconocimiento de un estatus especial para el desenvolvimiento presupuestario de los mismos. del resto del territorio.
No se renuncia a la transitoria V estatuto
Dejan por sentado, una vez más, que nunca se ha renunciado ni se renunciará al rango de Comunidad Autónoma que contempla la Disposición Transitoria 5ª de nuestra Constitución, manifestando el propósito de promover la reforma del vigente Estatuto a efectos de su mejora y perfeccionamiento, respetando el necesario consenso y los irrenunciables objetivos de racionalidad, austeridad y eficiencia en el funcionamiento.
Programas para viviendas
La aprobación y ejecución de sendos planes, que recojan, para cada Ciudad, la construcción de 800 viviendas protegidas, junto con la continuidad de los programas de rehabilitación en curso. A los indicados efectos, solicitaremos, en lo que concierne a las nuevas promociones, la formalización de los correspondientes convenios.
En cuanto a suelo solicitarán la aplicación de las medidas legales que sean necesarias para la cesión gratuita por el Ministerio de Defensa de suelo destinado a viviendas y equipamientos.
Mayor protagonismo de las ciudades en políticas de empleo
Dentro de las medidas de empleo plantearán la necesidad de intensificar los esfuerzos en formación profesional, inserción laboral, colaboración social, planes de empleo y otras medidas dirigidas a paliar el gravísimo problema del paro que, por causas estructurales y de manera crónica, sufren; medidas efectivamente paliativas pero absolutamente imprescindibles hasta tanto se alcance una estructura productiva sólida y con capacidad de generar empleo en condiciones de estabilidad. Programas, en cualquier caso, susceptibles de perfeccionamiento para, entre otras finalidades, acentuar los esfuerzos en el paro juvenil y dar mayor peso, en la distribución de los recursos totales, a las dos Administraciones Autonómicas. Esta nueva concepción, coincidente con la práctica que se seguía anteriormente, refuerza, desde nuestro punto de vista, la rentabilidad social de los referidos planes, habida cuenta el mayor campo funcional que, a los efectos pretendidos, ofrecen los servicios locales.
Al mismo tiempo, y para favorecer el desarrollo endógeno, propondrán fórmulas de colaboración con el Administración General del Estado para combatir el empleo irregular y para procurar que las rentas que en Ceuta y Melilla se generan satisfagan, con mayor intensidad, la demanda de empleo local.
Solicitarán del Gobierno de la Nación un mayor esfuerzo en educación, y en particular la dotación de los recursos necesarios para atender debidamente sus competencias, en condiciones de igualdad con el resto de España. Dotaciones suficientes para cubrir, en los distintos niveles de enseñanza, las necesidades relativas a medios de funcionamiento, tanto humanos como materiales; equipamientos e infraestructuras; y becas y ayudas al estudio, incluida la gratuidad de los libros de textos.
Un mayor esfuerzo de la Administración competente, dirigido, de manera muy especial, a reducir los altos índices de fracaso y abandono escolar, que puede, y debe, verse complementado a través de la acción concertada con los dos Gobiernos Autonómicos, especialmente en el ámbito de los servicios locales que tienen una relación directa con la educación, pero unos convenios que no deben ser, en ningún caso, excusa para eludir ni suplir responsabilidades en el ejercicio de las competencias propias.