Los derechos constitucionales no empiezan y terminan en uno mismo

La libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos españoles. También de los guardias civiles. La lucha por conquistar los derechos que disfrutan los ciudadanos españoles para los trabajadores de la Guardia Civil está llena de persecución y expedientes a sus legítimos representantes, muchos de ellos han pagado con la cárcel su perseverancia por lograr una Benemérita impregnada por los valores democráticos. Pero Gobierno tras Gobierno han hurtado a estos trabajadores públicos el acceso a los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna que disfrutan el resto de los ciudadanos. Han llenado de obstáculos el camino a la verdadera democratización interna de la Institución que debe velar no sólo por la seguridad sino por el cumplimiento de los derechos constitucionales de todos los españoles.
El último gobierno socialista se despedía del poder con más de 200 expedientes a dirigentes de AUGC, y el nuevo equipo popular del ministerio del Interior no se está quedando atrás. Sólo en su primer año en el ejecutivo 17 representantes de la mayor organización policial española han sido expedientados por ejercer y defender su derecho a la libertad de expresión. Recogido en la Constitución Española de 1978 como una de las preciadas conquistas de la sociedad española después de 40 años amordazada por una dictadura.
Ha sido precisamente este derecho fundamental el que ha reclamado estos días el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Las críticas suscitadas por unas declaraciones suyas sobre la ley de matrimonio homosexual, hacía que Jorge Fernández Díaz apelara a su derecho democrático a la libertad de expresión y a discrepar de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con la solemnidad que le caracteriza el ministro, que ha permitido, en su primer año en el cargo,17 expedientes disciplinarios a dirigentes de AUGC por hacer uso de la libertad de expresión, decía en el Senado: “A mí lo que me preocupa es que algunos, desde la tolerancia, nieguen la libertad de expresión a otros. Yo como ministro tengo derecho a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia”.
Precisamente esa es la misma preocupación que ahora invade a los trabajadores de la Guardia Civil, que están asistiendo a un nuevo recorte de su derecho de manifestación (ya de por sí muy mermado), de reunión y de libertad de expresión. Es por ello que siendo magnánimos en nuestra valoración sobre sus declaraciones, no podemos evitar una cierta sorpresa al ver que reclama para usted lo mismo que niega para sus subordinados.  Resulta asombroso comprobar que no ha alzado la voz para reclamar estos mismos derechos para los representantes de los trabajadores de la Guardia Civil y como mira para otro lado cuando son expedientados por aquellos que no quieren que en esta gran Institución entren los valores democráticos.
Señor ministro, a José Encinas, secretario general de AUGC Cádiz, se le está privando de un mes de empleo y sueldo, por denunciar, en un medio de comunicación, las carencias con las que tienen que desarrollar su trabajo los guardias civiles gaditanos, es decir, por ejercer su derecho a la libertad de expresión, el mismo que ejercía usted en el coloquio romano cuando afirmó que el “matrimonio entre personas del mismo sexo no debe tener la misma protección por los poderes públicos que el matrimonio natural”, ya que la “pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada”. La legitimidad que tiene usted siendo el máximo responsable de Interior y como ciudadano español para exigir su derecho a la libertad de expresión la tiene José Encinas y el resto de dirigentes de AUGC expedientados y perseguidos por defender los derechos laborales y constitucionales de sus compañeros, trabajadores públicos olvidados hasta hora por todos los gobiernos democráticos.
Señor ministro del Interior, el derecho a la libertad de expresión es irrenunciable para cualquier ciudadano de este país, incluidos los guardias civiles, quienes tienen a además el derecho a reclamar se ciudadanos de primera.