Los contratos de Colaboración Social se dispararon en 2016 hasta 522

• Este enero solo se hizo uno pero algunos meses del año pasado en Ceuta llegaron a firmarse más del 50% de todo el país

La ciudad autónoma terminó de convertirse el año pasado en la capital nacional de la Colaboración Social, las adscripciones en trabajos temporales que tienen como objetivo mantener la actividad laboral de trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo, sin pérdida de ellas, en la realización de trabajos para las Administraciones Públicas u otras entidades. Según los datos a los que ha tenido acceso ‘El Faro’, en Ceuta es formalizaron el año pasado 522, lo que supone que pese a la exigua población y tamaño de la ciudad aquí se realizaron uno de cada siete de todo el país (3.418).

Durante algunos meses como abril de 2016 la proporción de contratos realizados en Ceuta (163) con respecto al total nacional (300) superó el 50%.

A lo largo del último lustro, la frecuencia con la que la Administración ha recurrido en Ceuta a la Colaboración Social no ha dejado de aumentar. En 2012 fueron 103 los contratos de adscripción a ese régimen formalizados. Al año siguiente la cifra subió a 120. En 2014 se duplicó de largo y alcanzó los 262. En 2015 volvió a incrementarse notablemente, hasta 424, y el ejercicio pasado tocó techo con 522 pese a que en diciembre, como en enero de este año, sola mente se registró un vínculo laboral de esta naturaleza.

En paralelo, desde 2013 el número total nacional no ha dejado de caer, pasando de 9.767 a 7.920 en 2014, a 5.403 el año siguiente y a 3.418 el ejercicio pasado.

Durante 2016 julio fue, por detrás de abril, el mes en el que más contratos de Colaboración Social se hicieron (101), seguido de junio (64), febrero (57) y enero (43).

Las adscripciones temporales en Colaboración social, sin ser contrataciones, suponen la realización de trabajos para las Administraciones Públicas de trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo sin pérdida de las mismas.

Los trabajos a encomendar deben cumplir, en todo caso, varios requisitos: a) ser de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad; b) tener carácter temporal; c) coincidir con las aptitudes físicas y formativas del trabajador desempleado; y d) no suponer cambio de residencia habitual del trabajador.

La Ciudad dijo en mayo que revisaría todo el sistema

El Gobierno de Vivas se comprometió en mayo del año pasado en la Mesa General de Negociación a "revisar" los trabajos de Colaboración Social existentes y a informar a las centrales sindicales de los programas aprobados por el SEPE “haciendo constar el número de personas beneficiarias, su destino y el objeto antes de que comience la actividad”. El acuerdo con UGT y CSI.F iba encaminado a delimitar de forma más clara los mencionados trabajos de Colaboración Social para diferenciarlos de aquellos desempeños estructurales de nuestra Administración” después de que estallase la polémica con los adscritos a Estadística.

“Mano de obra barata” con múltiples daños colaterales

La Inspección de Trabajo lleva al menos tres años alertando en Ceuta de que la Colaboración Social puede estar siendo utilizada como “mano de obra barata a costa del daño plural que ocasiona al trabajador, a otros desempleados, a la Seguridad Social y a la ciudadanía”. En mayo del año pasado había 323 personas en Ceuta adscritas a ese régimen, en la Ciudad pero también en la Dirección Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y hasta en un colegio concertado.

Ante las críticas de sindicatos y oposición, el Ejecutivo del PP se comprometió a “visar” que los contratos estuviesen “destinados al desempeño de labores propias de la Colaboración Social de acuerdo con los programas aprobados por el SEPE y descartando que se realicen trabajos estructurales”.

Los detractores de este régimen, legalizado hace 35 años, la rechazan porque “es una medida discriminatoria en la que solo se permite el acceso a estos puestos de trabajo a los desempleados que cobran alguna prestación o subsidio” y porque sirve para cubrir puestos de trabajo “estructurales” que deberían ser creados.

Sus defensores argumentan que los desempleados que participan en estos programas ven incrementados sus ingresos y que la sociedad obtiene mejoras que repercuten en el bienestar de todos los ciudadanos”.