La idea que sobrevuela las asambleas de empresarios es el cierre si las autoridades “no consultan a los dueños de las naves”.
En el Tarajal aseguran que solo beneficiará al negocio del bulto fraudulento.
Escasas horas después del anuncio del portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, la Comunidad de Propietarios de los Polígonos del Tarajal se mostró ayer en desacuerdo con la distribución de tarjetas a los porteadores como sistema con el que evitar los colapsos en el Tarajal. Una disconformidad en cuanto a esta medida en concreto, en ningún caso porque sean contrarios a garantizar la seguridad en el recinto, apostilló Mohamed Ahmed, su portavoz.
Para quien también ostenta la presidencia de La Chimenea, polígono donde ahora se concentra parte del caos que rodea al Tarajal II, la Ciudad Autónoma está “tomando medidas que afectan al interior de los polígonos sin consultar a los representantes”. Con lo cual, la Comunidad de Propietarios puso en conocimiento de los empresarios y comerciantes que “no se van a repartir tarjetas dentro de los polígonos”.
El colectivo incluso advirtió de que si las autoridades “no cuentan con los verdaderos dueños de los almacenes antes del martes, cerraremos los polígonos”. Una idea que sobrevuelta las asambleas de empresarios convocadas en los últimos días y que tiene antecedentes, como el plante de hace un par de años.
Achraf Benaisa, presidente de Alborán, abundó en la falta de información por parte de las administraciones y la cual hizo extensiva a otras medidas adoptadas desde la apertura del nuevo paso de mercancías. De instalarse este sistema de tarjetas, puntualizó el responsable de uno de los cuatro polígonos, serían los empresarios que cumplen con sus obligaciones tributarias quienes deberían recibir estas identificaciones.
Los comerciantes consideran que este método anunciado por Hachuel será fallido porque, después de meses de reparto de tickets de turno a los porteadores de manos de la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional (UIP), la experiencia les dice que las ‘mafias’ se harán con el control del tránsito de mercancías como antes ocurrió en el Biutz. Aquellos que querían cruzar un bulto por el antiguo puente tuvieron que acabar pagando a los plantos por el sitio que, en teoría, tenían por derecho. Al final, los turnos se asignaban a aquel que pudiese pagar por ellos a estos colaboradores.
Achraf Benaisa, presidente de Alborán: “Beneficiará al negocio del bulto” El presidente del polígono de Alborán, Achraf Benaisa, vaticina que el sistema de tarjetas “beneficiará al negocio de los bultos procedentes de las consignas irregulares”. Este representante explicó que los porteadores, cuando se hagan con el pase, “acudirán a estos establecimiento fraudulentos a hacerse con un fardo de textil chino porque son los mejor pagados”. Benaisa señaló que los empresarios no pueden desembolsar esas cantidades porque los ilegales repercuten en el beneficio por bulto todas aquellas obligaciones que se ahorran como la Seguridad Social de los trabajadores, impuestos por su actividad...
Mohamed: “Que den los tickets en la puerta de la Ciudad” “Si –las autoridades– quieren repartir tarjetas, que pongan los bultos, a sus dueños y a los camalos en la puerta del Ayuntamiento y se los den allí”, declaró indignado Mohamed Ahmed, portavoz de la Comunidad de Propietarios de los Polígonos del Tarajal, cansado del desorden diario que viven en las naves. “Después, que los pongan a todos en fila india desde la puerta del Palacio Autonómico hasta la carretera nueva y de ahí al nuevo paso de mercancías”, ironizó.
Este representante, que compatibiliza la portavocía del colectivo con la presidencia de La Chimenea, reiteró que bajo ningún concepto permitirá la distribución de esas tarjetas en los polígonos. Ahmed insistió en que los titulares de los almacenes deben de conocer cuáles son las líneas de actuación de las administraciones para que se apliquen por consenso, no de forma unilateral ya sea por parte de la Ciudad Autónoma o de la Delegación del Gobierno.
Este portavoz de la Comunidad de Propietarios destacó que anuncios como este último del Gobierno autonómico les suenan a “amenaza”. Una impresión que comparte con otro pronunciamiento, en este caso la orden de Delegación del Gobierno por la cual exige a los comerciantes la contratación de seguridad privada en un plazo de 15 días. Desde Alborán votaron a favor, pero poniendo una serie de condiciones.