Los comerciantes del Tarajal ven a la Ciudad “predispuesta” a debatir sus quejas

La junta gestora que ha retomado las riendas de la Asociación de Comerciantes del Polígono del Tarajal intuye “buena predisposición” por parte de la Ciudad para abordar los temas que le colocaron sobre la mesa en la reunión mantenida el pasado martes.

Entre los principales caballos de batalla a los que los empresarios dicen enfrentarse figura, casi con carácter prioritario, la modificación de la normativa que rige el IPSI y que  a partir de ahora gravará con 4 euros cada kilo de ropa usada o procedente de un país externo a la Unión Europea.
Pero la lista de agravios no queda ahí. Los comerciantes encabezados por Ibrahim Abdela trasladaron también a la representación del Ejecutivo local –las consejeras Yolanda Bel y Susana Román, y la viceconsejera Carolina Pérez– su preocupación por la inseguridad que aseguran que preside los polígonos próximos al paso fronterizo o los obstáculos con los que se topan en la aduana en el día a día de su actividad. Los detalles de ese primer contacto se los trasladarán al resto de empresarios el lunes en la sede de la Cámara de Comercio, donde están citados a partir de las 18:30.
La pasada semana, en la que fue su presentación en sociedad, la gestora de la asociación ya enumeró el listado de males que a su juicio azotan a los propietarios de las naves, los mismos que, alertaron, amenazan con llevarlos “a la ruina”. Además del consabido rechazo frontal a esa reformulación del IPSI, exigieron que se corte de raíz el desorden que impide la libre circulación de personas y mercancías a través de las calles de los polígonos. Fue entonces cuando anunciaron su disponibilidad a asumir el coste de la seguridad en la zona, y lo hicieron sólo horas después de que el Tarajal viviera otra jornada caótica con porteadores durmiendo en los alrededores y una sucesión de ataques y enfrentamientos para hacerse con un hueco en las colas.
La gestora liderada  por Ibrahim Abdela, Francisco Sánchez y Mohamed Tuhami señaló su disposición a afrontar el coste tras la retirada de la vigilancia privada decretada por los presidentes de las comunidades de propietarios, a los que conminaron a dar explicaciones. Esa inversión rondaría “entre 25 y 30 euros mensuales por negocio”,  un mal menor si, aceptaron, incide en acotar de una vez el “descontrol” que reina en ese extremo de la ciudad.
Para ello deberán convencer a los entre “150 y 200” empresarios que, según sus cálculos, integrarían la asociación. Y todo ello, subrayaron, para frenar unas pérdidas que en algunos casos han devorado ya el 80 por ciento de su volumen de negocio.

¿Recurso o colaboración?

Los máximos representantes de la Asociación de Comerciantes del Polígono del Tarajal anunciaron la pasada semana su intención de presentar un recurso contra la entrada en vigor de la reformulación del IPSI aplicable a mercancías de segunda mano, con especial incidencia en el textil, y las provenientes de mercados como el chino. Ahora deberán decidir si siguen adelante con esa intención o si, por el contrario, aceptan la mano tendida de la Ciudad para debatir sobre los problemas que afectan a su actividad directa en los polígonos.