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El MECD prevé resolver la nueva convocatoria de becas antes de octubre para que el servicio comience a operar con lista debecarios cerrada y definitiva.
Los siete comedores escolares que, a la espera de que se abra el de las nuevas instalaciones del CEIP Maestro José Acosta, tiene la red de colegios públicos de la ciudad no volverán a atender, como durante el curso pasado, a hasta1.200 niños, lo que obligó a algunos centros a establecer hasta tres turnos y a habilitar espacios de otra naturaleza para dar de comer.
Lo tiene claro el Ministerio y también la Ciudad, que están decididos a atender la exigencia de los directores de devolver ese servicio a una cierta “normalidad” y a hacer cumplir los cupos máximos de beneficiarios que se han consensuado.
Sobre esos números, el MECD ha publicado ya su convocatoria de becas de comedor, un total de 780 que podrían aumentar ligeramente si en Melilla no se adjudican las 450 asignadas a esa ciudad.
“En algunos colegios con las ayudas del Ministerio se agotarán las plazas disponibles y en otros presumiblemente quedarán algunos huecos que la Ciudad podría seguir financiando para niños con necesidades más graves”, explicó ayer el consejero de Educación, Javier Celaya, sobre cómo se ve desde el Ejecutivo local la previsible controversia que generará el hecho de que volumen total de beneficiarios, becados por el Estado o por la Ciudad, caiga aproximadamente un 25%, el ‘excedente’ que ha ido generando la negativa a excluir a ningún estudiante con independencia de su carácter formal de becado o no.
Según el consejero, “hay que dar por hecho que las becas del Ministerio van a llegar a los aproximadamente 800 niños con una situación económica familiar más precaria y que la Ciudad va a seguir apoyando, hasta el límite de la capacidad de los comedores disponibles en cada momento, a los que no reciban ayuda pero los técnicos reconozcan en situación de vulnerabilidad”.
Además, como red secundaria, “la Administración autonómica dispone de unos Servicios Sociales” y de un “amplio” número de organizaciones colaboradoras que se dedican a atender a las personas y colectivos “en mayor riesgo de exclusión”. El Ejecutivo local confía en que todos esos mecanismos de protección social no dejen desamparado a ningún niño con necesidades.
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