“Porque alguien no coloca un valla a modo de emboscada si no ha organizado su acción. El porqué se hace, eso es lo que no sabemos, si por reirse de la Policía o si por otra cosa”, añade.
La AUGC se suma a estas criticas y reclama una acción judicial de mayor crudeza. “Cualquier día una de estas piedras termina con la vida de un agente”, advierten desde la asociación que ya en su día se convirtió en víctima principal de estos atentados cuando los mismos se focalizaban en el polígono del Tarajal. Eran los preludios del Biutz que dejaron a decenas de guardias heridos.
Los vecinos de la barriada se convierten también en víctimas de esta situación. La construcción de una oficina de la Policía Local en el barrio pretende ser el enlace que ahora no existe para que denuncien y trasladen a las fuerzas de seguridad la identidad de los autores de estas emboscadas. Eso es lo que al menos esperan las fuerzas de seguridad. Otra cosa es que los vecinos se sumen a esos pensamientos. “Cómo vamos a denunciar. Hace un año apuntamos a un delincuente de la barriada que había cortado la cara a un trabajador de Urbaser. Qué pasó... que le denunciamos y que a las 24 horas ya estaba de nuevo libre, en la barriada, amenazando a los vecinos y buscando a quien le había señalado ante la Policía. ¿Qué colaboración quieren si nosotros somos víctimas de estos apedreamientos?”, señala Laarbi, vecino, desde hace más de 30 años de la barriada.
Para algunos de los residentes consultados, los apedreamientos son protagonizados por un grupo concreto de adolescentes que buscan atentar así contra las fuerzas de seguridad. Lo hacen por divertimento, ya que, a su juicio, no hay nada organizado, tal y como defiende la Policía. El hecho es que sea de una manera u otra flaco favor hacen a quienes asientan y ocultan sus delitos en el propio barrio. “Si la Policía entrara en el barrio verías tú cómo se terminaría esto, porque a los propios delincuentes no les interesa llamar la atención”, señala.
Testimonios
Sindicato Unificado de Policía
Andrés Carrera, secretario general
Para el SUP encontrar una solución al tema de los apedreamientos es complicado y la misma va más allá de endurecer las penas judiciales o de recrudecer la actuación policial en la barriada. El SUP, uno de los sindicatos con mayor peso en la Policía Nacional, considera que se está ante una problemática grave potenciada por unos delincuentes que actúan organizados para evitar la actuación policial debida en la zona.
Unión Federal de Policía
Fernando Oliva
UFP considera que una de las soluciones pasaría por montar un dispositivo de seguridad acorde en el Príncipe pero entiende que ésto mermaría la capacidad operativa que se presta en otras barriadas de la ciudad. El sindicato apunta a que los autores de estos delitos se están envalentonando al saber que tras la organización de estas emboscadas no se produce una intervención policial en mayúsculas, es decir, batiendo la barriada en busca de los agresores.
Asociación Unificada de Guardias
Juan Amado
La Benemérita se convierte en otro de los objetivos de estos apedreamientos. Desde la AUGC se denuncia la poca efectividad de la ley del menor al actuar sobre los delincuentes y advierte de la peligrosidad de unos atentados que deben ser considerados como tales y no como un ‘juego de niños’. La organización de las emboscadas es clara y los controles policiales que se practican insuficientes.
FPAV
Juan Moreno, responsable de Seguridad
El responsable de Seguridad de la FPAV aboga por la creación de talleres de entretenimiento para ocupar a los más jóvenes de la barriada como una medida de prevención de actos vandálicos. La FPAV lamenta la escasa información que recibe de la Ciudad en cuanto a las medidas que se están estudiando en la actualidad y muestra su interés por colaborar con la administración local para prevenir este tipo de incidentes. El movimiento asegura que la Asociación de Príncipe Alfonso sí trabaja en el asunto.
La justicia y sus actuaciones
La labor del Juzgado
No es que la justicia no actúe en el caso de los apedreamientos, pero es que adopta los mecanismos que tiene a su mano. La Fiscalía lleva años dictando resoluciones de internamiento para menores que han liderado atentados de este tipo. Las penas más graves alcanzan los seis meses de internamiento. Los policías piden un endurecimiento de las penas porque “el problema está en que no se está tirando una piedra, es que se puede matar a un policía”, apunta el SUP.
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