El Príncipe Alfonso registra, de media, al menos un apedreamiento diario. Es la estadística delincuencial a la que se enfrenta, en los últimos meses, la Policía Nacional que cuenta en su haber con la resolución de varias de las investigaciones abiertas a raíz de estos apedreamientos. Se graba a los autores de los mismos en plena acción y se da traslado de las pruebas al juzgado. Esta misma semana corrían este destino ocho jóvenes, todos ellos entregados a la justicia tras ser sorprendidos in fraganti protagonizando actos delictivos. El resultado es, a todas luces, insuficiente. Con la ley en la mano, los agresores se enfrentan a no más de seis meses de internamiento o de libertad vigilada. La justicia actúa, a través de la Fiscalía de Menores, pero lo hace amparada en la normativa vigente. No puede ir más allá. Lo malo es que esa normativa, como asegura el secretario general del SUP, Andrés Carrera, es “un cachondeo. Parece que la ley está hecha para que el delincuente tenga derechos pero las víctimas no”.
Habla Carrera desde el punto de vista de quien forma parte de una de las fuerzas de seguridad más castigada por los apedreamientos, la Policía Nacional. Esta misma semana era víctima junto con los bomberos de una de estas emboscadas. Días atrás le tocó a la Policía Local, pero nadie se salva, ni las ambulancias, ni la Benemérita, ni los militares, ni tan siquiera las autoescuelas o los propios vecinos del Príncipe. Para Carrera el problema de los apedreamientos tiene difícil solución porque se está ante “la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros detenemos a los autores, los llevamos al juez pero como las penas son ínfimas quedan en seguida en libertad y se envalentonan aún más. La solución es complicada. Si quienes nos dirigen toman unas cartas en el asunto que son deficitarias, poco podemos hacer nosotros para buscar esa solución, sólo criticar”.
En lo que va de año se cuentan por decenas los menores detenidos, y en menos cantidad adultos, por su implicación en apedreamientos. También se cuentan por esas mismas decenas las sentencias judiciales, pero la situación crítica que algunos han bautizado ya como ‘kale borroka’ va a más. Ni tan siquiera la junta de seguridad monográfica organizada en diciembre del pasado año tras las constantes denuncias publicadas por ‘El Faro’ ha servido para algo. Se creó una mesa para actuar desde todos los puntos de vista: policial, social, educativo y judicial, contra estas prácticas. Los resultados, a todas luces, no han sido favorables.
Para el SUP este tipo de delincuencia materializada en apedreamientos está claramente organizada. “Buscan que los policías no subamos a la barriada, pero no lo van a conseguir porque vamos a seguir yendo”, asevera. “Está claro que se trata de emboscadas organizadas ya que cuatro chavales, por sí mismos, no se organizan entre sí. Obedecen a intereses bastardos de quienes les dirigen, de quienes no quieren que estemos por allí”, indica.
Lo manifestado por Carrera se une a lo que también piensa la UFP o la AUGC, lo que cuadra con los informes internos que manejan al respecto las fuerzas de seguridad que han encontrado en estos atentados el auténtico caballo de batalla contra el que lidiar. Para UFP se avanzaría en la solución al problema si se montaran dispositivos para entrar en la barriada, al igual que se hace cuando se trabaja en sitios conflictivos. Se debería seguir el mismo protocolo, pero dicho objetivo es complicado de conseguir. De hecho cuando se producen apedreamientos nunca se provoca una batida policial en condiciones por el interior del barrio para encontrar a los autores. Esto, a juicio de UFP, no hace sino envalentonarlos. “No ven que se produzca una reacción policial inmediata y la judicial tarda. Ellos entienden que lo que están haciendo es un chollo y continúan burlándose de las fuerzas de seguridad”, indica Fernando Oliva, cabeza visible del sindicato. Responde así a la práctica policial que termina con el uso de material antidisturbio cuando se producen atentados pero nada más. Nunca, tras estas prácticas, se produce una operación policial en la barriada para detener a los agresores. La misma sería, como apuntan algunos policías, políticamente incorrecta. “Alguna ocasión, cuando se ha empleado material antidisturbio se han producido quejas muy duras de los vecinos. Ante esto, se frena la actuación policial y así seguimos”, apunta un experto agente policial. La Unión Federal de Policía confirma el hecho de que estos apedreamientos estén organizados.
“Porque alguien no coloca un valla a modo de emboscada si no ha organizado su acción. El porqué se hace, eso es lo que no sabemos, si por reirse de la Policía o si por otra cosa”, añade.
La AUGC se suma a estas criticas y reclama una acción judicial de mayor crudeza. “Cualquier día una de estas piedras termina con la vida de un agente”, advierten desde la asociación que ya en su día se convirtió en víctima principal de estos atentados cuando los mismos se focalizaban en el polígono del Tarajal. Eran los preludios del Biutz que dejaron a decenas de guardias heridos.
Los vecinos de la barriada se convierten también en víctimas de esta situación. La construcción de una oficina de la Policía Local en el barrio pretende ser el enlace que ahora no existe para que denuncien y trasladen a las fuerzas de seguridad la identidad de los autores de estas emboscadas. Eso es lo que al menos esperan las fuerzas de seguridad. Otra cosa es que los vecinos se sumen a esos pensamientos. “Cómo vamos a denunciar. Hace un año apuntamos a un delincuente de la barriada que había cortado la cara a un trabajador de Urbaser. Qué pasó... que le denunciamos y que a las 24 horas ya estaba de nuevo libre, en la barriada, amenazando a los vecinos y buscando a quien le había señalado ante la Policía. ¿Qué colaboración quieren si nosotros somos víctimas de estos apedreamientos?”, señala Laarbi, vecino, desde hace más de 30 años de la barriada.
Para algunos de los residentes consultados, los apedreamientos son protagonizados por un grupo concreto de adolescentes que buscan atentar así contra las fuerzas de seguridad. Lo hacen por divertimento, ya que, a su juicio, no hay nada organizado, tal y como defiende la Policía. El hecho es que sea de una manera u otra flaco favor hacen a quienes asientan y ocultan sus delitos en el propio barrio. “Si la Policía entrara en el barrio verías tú cómo se terminaría esto, porque a los propios delincuentes no les interesa llamar la atención”, señala.
Testimonios
Sindicato Unificado de Policía
Andrés Carrera, secretario general
Para el SUP encontrar una solución al tema de los apedreamientos es complicado y la misma va más allá de endurecer las penas judiciales o de recrudecer la actuación policial en la barriada. El SUP, uno de los sindicatos con mayor peso en la Policía Nacional, considera que se está ante una problemática grave potenciada por unos delincuentes que actúan organizados para evitar la actuación policial debida en la zona.
Unión Federal de Policía
Fernando Oliva
UFP considera que una de las soluciones pasaría por montar un dispositivo de seguridad acorde en el Príncipe pero entiende que ésto mermaría la capacidad operativa que se presta en otras barriadas de la ciudad. El sindicato apunta a que los autores de estos delitos se están envalentonando al saber que tras la organización de estas emboscadas no se produce una intervención policial en mayúsculas, es decir, batiendo la barriada en busca de los agresores.
Asociación Unificada de Guardias
Juan Amado
La Benemérita se convierte en otro de los objetivos de estos apedreamientos. Desde la AUGC se denuncia la poca efectividad de la ley del menor al actuar sobre los delincuentes y advierte de la peligrosidad de unos atentados que deben ser considerados como tales y no como un ‘juego de niños’. La organización de las emboscadas es clara y los controles policiales que se practican insuficientes.
FPAV
Juan Moreno, responsable de Seguridad
El responsable de Seguridad de la FPAV aboga por la creación de talleres de entretenimiento para ocupar a los más jóvenes de la barriada como una medida de prevención de actos vandálicos. La FPAV lamenta la escasa información que recibe de la Ciudad en cuanto a las medidas que se están estudiando en la actualidad y muestra su interés por colaborar con la administración local para prevenir este tipo de incidentes. El movimiento asegura que la Asociación de Príncipe Alfonso sí trabaja en el asunto.
La justicia y sus actuaciones
La labor del Juzgado
No es que la justicia no actúe en el caso de los apedreamientos, pero es que adopta los mecanismos que tiene a su mano. La Fiscalía lleva años dictando resoluciones de internamiento para menores que han liderado atentados de este tipo. Las penas más graves alcanzan los seis meses de internamiento. Los policías piden un endurecimiento de las penas porque “el problema está en que no se está tirando una piedra, es que se puede matar a un policía”, apunta el SUP.
