Los afectados cobran algo más de un millón de euros de indemnización

Punto y final a trece años de angustias. Los cuarenta afectados por el conocido como ‘caso del Llano de las Damas’ han logrado algo muy difícil en un caso de denuncia por estafa y apropiación indebida contra una inmobiliaria, en este caso ‘Orsino Innovaciones’. Lo normal, como señalan fuentes jurídicas consultadas por esta redacción, es que los acusados terminen sentándose en el banquillo y condenados a las penas que determine el tribunal.
Lo extraño es lo que han conseguido estos cuarenta afectados con la ayuda inestimable de la dirección jurídica del Bufete Lería, el cual desde el comienzo de las actuaciones ha llevado el peso de la demanda como acusación particular.
Recordemos que hablamos del caso de cuarenta familias ceutíes que compraron sus viviendas a una inmobiliaria peninsular en el Llano de las Damas y que nunca vieron ni sus casas construidas ni el dinero que habían aportado, que llegaba a unos cien millones de las antiguas pesetas.
Han obtenido que uno de los acusados haya hecho frente a una parte importante de la indemnización que pedían para retirarse del proceso. Al final, todo ha quedado zanjado con algo más de un millón de euros.

En la noche del martes, Guillermo Martínez, el letrado que ha llevado la acusación particular citó a todos los  afectados en las instalaciones del bufete y pusieron punto y final a trece años de sufrimiento.  
Repartió entre todos ellos cuarenta cheques nominativos del Banco de Santander, que oscilaban entre los siete y los cuarenta mil euros.
Después de las negociaciones que ha mantenido el Bufete Lería con los abogados representantes de uno de los acusados se ha logrado para los damnificados que recuperaran el dinero que expusieron en su día más un treinta por ciento correspondiente al daño que han sufrido en su patrimonio durante este tiempo.
Se vivieron escenas de satisfacción y de gran emoción entre los afectados cuando comenzaron a recibir sus talones nominativos, ya que era la respuesta que habían estado esperando, como mínimo, desde hace casi tres lustros. Se quedaron sin sus casas, pero, al menos, recuperan lo que habían aportado más los daños morales.
La cifra sobre la que habían partido ellos en las negociaciones con los representantes del acusado que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo era de un millón cuatrocientos cincuenta mil euros, pero en varias ocasiones han llegado a abandonarse las reuniones, por la cifra tan baja que se ofrecía desde la otra parte.
Concretamente, a lo largo del verano pasado el bufete de Madrid entró en contacto con el bufete Lería señalando que deseaban el acuerdo extrajudicial. Guillermo Martínez convocó a los damnificados y todos deseaban poner punto y final a tantos años de sufrimiento. Querían olvidar cuanto antes, pero al final las expectativas se frustraron, porque no hubo acercamiento. Todas las esperanzas se vinieron nuevamente abajo.
Sin embargo, no podemos olvidar que el tiempo jugaba a favor de los damnificados, porque la hora de sentar en el banquillo a los cuatro acusados se acercaba. No quedaban muchos meses para que se abriera la vista oral en la Audiencia Provincial.
Hace un mes y medio se estableció nuevamente un puente entre los letrados de una y otra parte. Desde Madrid se indicó que el acusado que estaba dispuesto a asumir en solitario la indemnización no podía llegar a una cifra superior al millón de euros. Después de una serie de semanas de tira y afloja subieron algo la oferta y se cerró con el visto bueno de todas las partes.
Los abogados de Madrid llegaron a nuestra ciudad este lunes y acompañados por el letrado Guillermo Martínez estuvieron visitando tanto a la Fiscalía como a la sala, donde se explicó al acuerdo que se había llegado entre denunciantes y denunciados, comunicando formalmente que la acusación particular se retiraba de este proceso.
De todas maneras, el procedimiento sigue abierto y ahora dependerá de la Fiscalía y de la Sala VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta la suerte de las diligencia 1.166/98, más conocido como el ‘caso del Llano de las Damas’.

El fiscal pedía ocho años de prisión

En el escrito de acusaciones por parte del Ministerio Fiscal se establecía que las actuaciones emprendidas por los acusados en el año 1997 eran constitutivos de un delito de estafa y otro de apropiación indebida. El propio fiscal establece como los acusados C.B., A.M.L. y A.J.M.J. constituyeron la sociedad ‘Orsino 300 innovaciones’ para la promoción inmobiliaria, nombrando como administrador único al cuarto de los acusados J.R.C.D.P.. Los cuatro en colaboración con la sociedad ‘Multiservicios Financieros Ceutíes’ iniciaron la promoción de vivienda en el Llano de las Damas. Tuvieron tal éxito que en poco tiempo lograron suscribir multitud de contratos de compraventa de unas viviendas que nunca vieron la luz. El propio Ministerio Fiscal solicitaba penas de ocho años de cárcel y solicitaba una multa de veinticuatro meses. Mientras, en el caso de la acusación particular los años de prisión que se solicitaban eran de diez, además de otras acciones concretas.

Más de trece años de lucha para defender los derechos

1997 En octubre del año 1997, los cuarenta afectados por el caso del solar del Llano de las Damas comienzan a darse cuenta que no van a tener sus viviendas y no les queda más remedio que constituirse en una asociación de afectados y presentar denuncia en el Juzgado correspondiente.  
1998 Los afectados se ponen en manos del Bufete Lería y se decide presentar una demanda contra la empresa Orsino. La demanda lleva como número de diligencias 1.166/98
2000 Los afectados llegaron a realizar una serie de concentraciones, exigiendo a los políticos de la época algún tipo de intervención y de ayuda para poder solucionar su caso.
2004 Tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal en sus primeras conclusiones establecen que la construcción en el solar era inviable al existir una falta de economía propia por parte de la empresa constructora.
2006 Se conoce ya que sería la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, su Sala VI, la que se encargaría de dictar sentencia en el caso de la promoción de Llano de las Damas.  
2008 Después de casi diez años en manos de la Justicia se conoce que para finales de 2009 o comienzos de 2010 se señalaría la fecha para el inicio de la vista oral ante la Sala VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.
2009 Los abogados de los acusados entran en contacto con el bufete Lería con la intención de llegar a un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, a finales de agosto se rompen las negociaciones porque los acusados no llegan a la cantidad propuesta como indemnización.

Multitud de protestas y reuniones con los responsables políticos

Donde hace trece años se iba a levantar una promoción de viviendas para cuarenta familias ceutíes se continúa todavía sin edificar y actualmente se ha convertido en un aparcamiento provisional para las familias del Polígono Avenida de África afectadas por las construcción de un aparcamiento subterráneo.
Ninguna de esas cuarenta familias podían suponer cuando suscribieron sus primeros contratos con Orsino Promociones la complejidad legal de la propiedad de esos terrenos, los cuales pertenecían a Patrimonio del Estado, pero el derecho de vuelo era de una familia ceutí allí radicada y que cedió sus derechos a Orsino Promociones. Pero la verdadera dificultad se produce cuando el Estado reclama la propiedad del solar.
A lo largo de todos esos años han sido multitud los políticos que han recibido a una comisión de los afectados, pasando por los presidentes Fortes, Sampietro y Vivas, así como otra serie de consejeros como son los casos de Alfonso Conejo y Nicolás Fernández Cucurull. Al igual que varios delegados del Gobierno como el caso de Luis Vicente Moro o Jerónimo Nieto. Algunos de ellos intentaron incluso alguno gestión con Patrimonio del Estado que resultó infructuosa.
De manera independiente a la decisión de contratar los servicios del Bufete Lería para presentar la correspondiente demanda intentaron llamar la atención de la clase política con una serie de concentraciones que al menos permitieron unas entrevistas que no lograron el objetivo que se marcaron en esa época.
Porque aparte de las demandas judiciales buscaron durante cierto tiempo la intermediación de la Ciudad Autónoma y de la Delegación del Gobierno para que Patrimonio del Estado estuviera de acuerdo con la venta de los terrenos, de manera que se pudiera edificar y ellos contar con sus viviendas tan anheladas.