La Consejería de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad Autónoma ha repartido un total de 853.620 euros entre todos los centros educativos públicos y concertados en los que se ofrece Educación Infantil, Primaria, Especial y Secundaria, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, para financiar la puesta en marcha del programa de reposición de libros de texto y material lectivo en el que ha transformado la Administración local sus becas al estudio.
Ahora los centros están obligados a “justificar los fondos recibidos y utilizados antes de la finalización” del curso académico.
Los dieciséis colegios públicos de Ceuta han recibido algo menos de medio millón de euros, mientras que a los seis centros concertados ha llegado un total de 110.000 euros. Los institutos de Educación Secundaria se han repartido, para terminar, poco más de 252.000 euros. Una partida de dos mil se ha reservado para el Centro de Educación Especial de San Antonio.
El presupuesto de la Ciudad para esta “política social” asciende, según anunció el Ejecutivo el pasado mes de agosto, a 1,13 millones de euros, que se suman a los 600.000 que ha consignado el Ministerio para sus becas de 105 euros en Primaria y Secundaria. Las ayudas de ambas administraciones son compatibles.
Las de la Ciudad alcanzan los 120 euros para Infantil, un nivel de enseñanza “que se incluye pese a no ser obligatorio y que está fuera del Convenio rubricado con el Ministerio”, los 130 euros en Primaria y los 140 en Secundaria”.
Las Comisiones de Coordinación Pedagógica de cada colegio de Educación Infantil y Primaria y de cada Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) han sido los órganos encargados de concretar los libros a adquirir con los fondos transferidos por la Administración local.
El Convenio entre el Ministerio y la Ciudad establece que los libros debían adquirirse “en papelerías y librerías de la ciudad autónoma”. El acuerdo deja claro que el importe de la compra “no podrá exceder la dotación económica que le haya sido transferida” a cada colegio o instituto “para cada curso económico”.
En la factura deberá figurar “el concepto, además de la denominación del centro y la identificación detallada de los libros de texto adquiridos”. “En ningún caso”, subraya el documento, “el precio de adquisición excederá del establecido para la venta general al público de los libros y materiales”.
Los libros de texto “no podrán ser sustituidos, siempre que sea posible, durante un periodo mínimo de cuatro años contados a partir de la entrada en vigor del programa”.
La Ciudad Autónoma y el Ministerio de Educación han avalado la puesta en marcha de este proyecto como una forma de articular “un procedimiento ágil y eficaz para ayudar a las familias más desfavorecidas a sufragar los gastos que requiere la Educación de sus hijos”.
El proyecto pretende también “fomentar entre el alumnado actitudes de respeto y corresponsabilidad en el uso de bienes financiados con fondos públicos” y fomentar la colaboración “entre familias y centros”.
De hecho, está estipulado expresamente que los alumnos que los reciban sin coste quedarán sujetos a “la obligación” de hacer un uso “adecuado y cuidadoso de ellos” y a “reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja en el centro”. Así, “el deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros y el resto del material escolar” conllevará para “los representantes legales del alumno” la obligación de “reponerlos”. “En caso contrario, el beneficiario no podrá beneficiarse del programa durante un periodo de dos años académicos”.
El personal del Convenio MECyD-Ciudad, clave
El personal del Convenio MECyD-Ciudad, al que el Consejo de Gobierno ha felicitado expresamente por su trabajo con el programa de reposición de libros, jugará un papel clave en la implementación y desarrollo de este plan de ayudas. Estos profesionales se han encargado de “constatar” qué alumnos “pueden merecer la consideración de beneficiarios” mediante sus propuestas y su asistencia. Además, harán “un seguimiento de las familias de los centros educativos para detectar cambios en su situación socioeconómica, incluidos aquellos alumnos que acceden al primer curso de Educación Infantil de 0 a 3 años, así como para determinar nuevas necesidades”.