López defiende la oficialidad de la lista y se niega a responder al fiscal

¿Salió airoso el exviceconsejero de Vivienda, Antonio López, tras su declaración, ayer, ante la magistrada del juzgado de instrucción número 1? Su escenificación a las puertas del juzgado arroja una única respuesta: sí. Pletórico, entregándose a las atenciones de los concentrados, abandonaba el Palacio de Justicia como aquel que se sabe triunfador de la faena, confesándose “tranquilo”.

López habló lo justo ante los medios, después de haber publicitado una declaración de intenciones mediática antes del verano. El letrado de la Acusación Particular, Jorge Gil Pacheco, confesó que el proceso iba por buen camino. Pero en esta historia judicial hay más actores que no hablan, ni salen a escena pública porque no quieren que el show callejero contamine el proceso.
Ayer, López no quiso responder a las preguntas que iban a formular la Acusación Particular y el fiscal del número 3. Solo contestó a la magistrada (que no entró demasiado en materia para permitir una mayor intervención de la Fiscalía que no pudo producirse) y a su propio letrado, Juan Alinquer. El porqué, solo el exviceconsejero lo sabe, pero dicha actitud ya ha causado las primeras valoraciones judiciales internas entre quienes están evitando su exposición público-mediática.
¿Y qué dijo López? Se centró, como se esperaba, en la defensa de la ‘lista fantasma’ a la que le quitó radicalmente ese calificativo, otorgándole la veracidad que tanto han reclamado sus beneficiados y cambiándoselo por el de ‘oficial’. Dijo que ese listado había sido aprobado por la Comisión Local de la Vivienda siguiendo la normativa legal, y que se trataba de un listado provisional pendiente de estudio que contaba con las firmas, a modo de respaldo, de Susana Román, Mohamed Alí y Rabea Mohamed. Dicho listado incluiría compromisos de 2013 e integrantes de cupos de viviendas de 2014 con derechos adquiridos.
Este detalle ya fue aclarado en su día por la propia Ciudad, puesto que sobre él sustentó López su defensa pública nada más estallar el escándalo y después de que el Gobierno se cerrara en banda evitando cualquier contacto, ni telefónico, con el exviceconsejero.
Oficialmente se ha mantenido que esa lista se refería a la aprobación de unos compromisos en una Comisión Local previa a las elecciones, pero en la que no se había seleccionado a las personas con su nombre, apellido y DNI. Lo que dice López que se aprobó fue una hilera de compromisos que debían contar con una aprobación posterior en comisión. Todo el proceso quedó paralizado por decisión unánime hasta que terminaran las elecciones para evitar que la adjudicación de las 317 VPO pudiera ser tildada de acto político.
La documentación sobre esa comisión, más la que marcaba los cupos, el Consejo de Administración de enero de este año donde se decidió parar, actualizar el listado de demandantes y luego con la Comisión Local decidir que procedimiento se iba a iniciar ya fue, de hecho, entregado a la magistrada, según explicaron fuentes judiciales.
López se centró ayer en defender la lista cuya filtración se le sospecha pero también tuvo que responder a la pregunta, no casual, cursada por la magistrada sobre por qué entró en política y cómo creció durante su mandato, atendiendo al patrimonio que el exviceconsejero atesora: 4 viviendas, dos en Ceuta, una en Cádiz y otra en Marbella. López aludió a los “asuntos inmobiliarios” a los que se ha dedicado al margen de su faceta política.
Tras la declaración de López llegará, la semana próxima, la del consejero de Fomento, Néstor García León, y la de un funcionario de Emvicesa. Después la jueza tendrá que determinar si cabe llamar a declarar a más personas, si cabe continuar con el procedimiento o acordar un archivo. Antes de todo esto, cabría pronunciarse sobre la petición cursada por el letrado de 80 de los afectados, Jorge Gil Pacheco, de suspender el sorteo, ahora paralizado “por prudencia”.
En declaraciones a los periodistas, Gil Pachecho destacó que López había manifestado “lo que venimos manteniendo desde esta Acusación Particular desde el minuto cero, desde que me hice cargo de la defensa de todos los afectados: que ha habido un verdadero proceso de selección y baremación de todos los demandantes de vivienda y que de ahí salió una lista oficial, que fue aprobada por la Comisión Local de la Vivienda y tenían pleno conocimiento todas las partes que eran integrantes” de este órgano. “Por lo tanto que no digan que es una ‘lista fantasma’, es oficial, y como tal se tiene que respetar”, afirmó.
La Acusación Particular dijo también que se han aportado pruebas y a su juicio “habrá muchas sorpresas y tendrán que venir muchas personas a declarar”. Esos documentos son el acta de la Comisión Local de la Vivienda, que recoge las firmas de los que dieron el visto bueno a las personas que allí venían recogidas. Gil aseguró que mantiene la solicitud para que se suspenda cautelarmente el sorteo. “Nosotros nunca la hemos retirado ni paralizado, desde el minuto cero que presentamos la solicitud de la medida cautelar de suspensión, independientemente de que la propia Ciudad haya anunciado que paraliza lo que es en sí el sorteo, el proceso de adjudicación que quiere llevar a cabo la Ciudad paralelamente a esta lista de adjudicatarios sigue. Por lo tanto, nosotros seguimos interesando, y en ningún momento la hemos parado, que inmediatamente su señoría ordene a la Ciudad paralizar el proceso, que no sabemos cuándo lo va a resolver, o si lo va a hacer o no”, afirmó.

Constituida la Comisión de Investigación con hoja de ruta

La Comisión de Investigación en torno a las viviendas de Loma Colmenar quedó ayer constituida estableciéndose ya en el calendario la primera de las reuniones. Será el 5 de octubre, día en el que comparecerá la anterior Comisión Local de la Vivienda. Tanto el PP como MDyC defendieron que el exviceconsejero Antonio López sea el último en acudir y no el primero, como habían pedido los demás grupos. Ayer se decidió también solicitar a Emvicesa una amplia documentación, pedida por cada una de las cinco formaciones políticas presentes en la mencionada Comisión, que debe estar remitida en un plazo aproximado de siete días.
Dentro de la organización interna de los trabajos de la Comisión se acordó celebrar dos reuniones semanales con la intención de que la duración de los trabajos sea lo más breve posible y que se pueda llegar a un acuerdo consensuado de conclusiones políticas.  
El PSOE emitía ayer una nota de prensa para pedir “diligencia y agilidad” y destacó la “buena sintonía” entre los distintos grupos con el objetivo de haya luz sobre lo ocurrido.